“Los asesores del diputado Pedro cobran en el Congreso del Estado, pero también son activistas, entonces no se entiende cuál es su función”, dijo la legisladora Sonia Mendoza Díaz ante la denuncia de integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, de una supuesta estrategia para que se otorgue el perdón a ex diputados que se apropiaron de recursos públicos, a través de la simulación de apoyos sociales.
La legisladora señaló que su postura respecto al tema la dejó en claro en el pleno y no se solapará a nadie, sin distingo de partidos políticos.
“Lo dejé muy en claro en el pleno, el día 5 llegó la información, el 15 me lo turnó el jurídico para tomar la decisión, vienen los días que no se trabaja y estoy esperando que la Junta de Coordinación Política me notifique el día que se reúne para plantear el asunto y se decida qué acción va a tomar el Congreso”.
Explicó que el asunto y todos los requerimientos que se han tenido por parte de la Fiscalía, se han atendido en tiempo y forma por lo que el proceso sigue su curso normal, “no está en nuestras manos, está en manos de la Fiscalía, se está investigando y este último requerimiento se atenderá cuando se concrete la reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política”.
Manifestó que no hay fecha específica para desahogar el tema y cuestionó que los asesores del diputado Pedro Carrizales Becerra que cobran en el Congreso del Estado, también sean activistas y presionen al legislador para que cuestione situaciones que muchas veces se tienen que manejar con sigilo.
“Hay temas que con la pena, no se pueden estar ventilando en el Congreso. Hay una presunción de inocencia y debemos respetar el debido proceso”.