En San Luis Potosí, ocho de cada diez detenidos por las corporaciones policiales no son puestos a disposición del Ministerio Público (MP), revela México Evalúa, organización que advierte que podría presentarse en la entidad un problema de derechos humanos.
De acuerdo al reporte Hallazgos Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, elaborado por México Evalúa, con colaboración de la agencia estadounidense USAid y la Fundación Friedrich Naumann, San Luis Potosí es la sexta entidad con menor porcentaje de personas detenidas por corporaciones policiacas que son llevadas al MP.
Las autoridades de procuración de justicia del estado, en respuesta a una solicitud de información, indicaron que en 2019, el indicador era de 26%. El promedio nacional es de 52%, el doble de la cifra estatal potosina.
Quintana Roo es el último lugar, con cinco por ciento. El mejor desempeño lo tienen Baja California Sur, Campeche y Colima, en donde el 100 por ciento de los detenidos tienen audiencia con el MP.
Explica que, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la policía es el primer respondiente “y juega un papel fundamental en las acciones que ocurren después de la comisión de un ilícito”.
Entre sus funciones están la realización de detenciones en flagrancia y poner a disposición del MP a los detenidos.
En teoría, abunda, el cien por ciento de los detenidos deberían ser presentados ante el MP. Cualquier diferencia, expone el documento “quiere decir que en el resto de las entidades federativas (que no tiene un indicador del 100%) la policía está deteniendo a muchas más personas de las que pone a disposición”.
Para la organización civil, ese es un indicativo de que existen deficiencias en el registro de detenciones o, más grave, “una situación irregular que puede comprometer los derechos humanos de los detenidos”.