Durante el ejercicio fiscal 2024, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT) cometió diferentes irregularidades en el manejo de recursos económicos, cuyas deficiencias provocaron un presunto daño a la hacienda estatal que asciende a 222 mil 720 pesos.
Se detectó que la universidad no proporcionó evidencia de la justificación y aprobación del servicio contratado a un ingeniero para la supervisión de obra civil y estructural, así como de los resultados obtenidos por los trabajos realizados por el profesionista, considerando una afectación al erario por dicho monto.
Registró adeudos de ejercicios 2013 a 2024 de alumnos por concepto de colegiaturas y trámites de titulación por un total de 2 millones 732 mil 229 pesos, dado que otorgaba facilidades de pago para que los alumnos concluyeran sus estudios y se mantuviera la matrícula activa, sin embargo, no se presentó evidencia de las gestiones, la recuperación o del estudio de la imposibilidad del cobro para su depuración o cancelación.
De acuerdo con la auditoría AEFPO-12-PARIP-2024, Rosa Laura Guerrero Ortiz, exdirectora de Finanzas de la UT, autorizó un pago de 91 mil 900 pesos a favor de Luis Adrián Torres Meza, considerada una transferencia indebida efectuada porque no se proporcionó evidencia documental que respalde el origen y las gestiones que se llevan a cabo para la recuperación del recurso, o en su caso, la autorización formal.
Asimismo, corroboró que no proporcionó evidencia documental sobre la propiedad de los bienes registrados en su contabilidad y que forman parte del patrimonio de la Universidad.
Dicha auditoría evidenció que no entregó expediente donde alegó la existencia de un juicio laboral, consistente en otorgar un anticipo de sueldo a un trabajador y al término de la relación laboral se descontaría del finiquito correspondiente, sin embargo, el extrabajador no aceptó el finiquito brindado.