Como entidad ejecutora de las obras de la presa La Maroma, la Comisión Estatal del Agua es la responsable de las fallas técnicas detectadas, confirman por escrito la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y el director de la oficina local de la Conagua.
El subdirector del Área de Estudios y Proyectos de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Juan Carlos Garcés del Ángel, informó que en 2018, la dependencia federal aportó 182.19 millones de pesos a través del Proagua (Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento) para La Maroma, “siendo la dependencia ejecutora del proyecto la Comisión Estatal de Aguas (sic) de San Luis Potosí”. La respuesta atendió una solicitud de información hecha a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El director de la oficina local de Conagua, Joel Félix Díaz, por su parte señala que las aportaciones del gobierno federal sumaron 186 millones 310 mil 413 pesos con 15 centavos que fueron “asignados a Conagua y a la ventanilla de pago de gobierno del estado (sic) (a través de la CEA)”.
Para realizar el proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de San Luis Potosí, firmaron un convenio de coordinación para “construir la presa de almacenamiento La Maroma en el Altiplano Potosino”.
Según el convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2013, la Conagua se encargará de los estudios y proyectos como autoridad técnica reguladora, vigilará los avances físicos y el apego técnico de la misma y requerirá al gobierno potosino el reintegro a la Tesorería Federal de los Recursos no utilizados.
El Gobierno del Estado, por su parte, designará “a la dependencia del Ejecutivo estatal, que fungirá como Instancia Ejecutora de las acciones previstas en el presente convenio”, en este caso la Comisión Estatal del Agua a cargo de Jesús Medina Salazar.
Conagua anunció la semana pasada que la obra quedaba desautorizada por “una serie de discrepancias entre la obra y la información técnica”. La obra fue adjudicada en marzo de 2018 a un consorcio formado por las empresas Constructora y Edificadora del Tangamanga, Desarrollo Habitacional RS y Coedessa.
El viernes pasado, Joel Félix Díaz informó que entre las irregularidades detectadas, los constructores debieron concluir la obra el año pasado al cien por ciento y sólo llevaban un avance de 30 por ciento. La prórroga les fue negada. Además, modificaron la longitud y diámetro de la tubería del acueducto.