Fue por medio del Acuerdo General Número 004/2020, que el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, creó la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género, para que se enfocara en la investigación, persecución, litigación y concentración de los asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios, conocida como UEMI.
Esta acción de la Fiscalía, cumplía con parte de la sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con relación al caso de Karla Pontigo, que estimó insuficiente el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, para la realización de una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, frente a los casos de feminicidio en el estado.
Según datos del medio digital “Pie de Página”, la muerte de Karla ocurrió el 29 de octubre de 2012, en el bar de nombre Play Club; y se señaló como principal sospechoso a uno de los empresarios más conocidos de la entidad, quien era el jefe de la estudiante de 22 años. Karla tenía 39 lesiones en todo el cuerpo y también había sido víctima de agresión sexual.
Esperanza Luciotto, madre de Karla, emprendió desde entonces una incansable lucha por justicia tras la muerte de su hija, así como la reparación del daño; en su camino ha sido acompañada por Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, junto a quienes evidenció que hubo varias irregularidades que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, hoy Fiscalía, cometió en las investigaciones del caso:
• No se resguardó la escena del crimen inmediatamente después de ocurridos los hechos, por lo que el área fue limpiada y se eliminaron las pruebas.
• No se tomaron fotografías de la escena del crimen.
• No se cumplió con la cadena de custodia de las muestras y las pruebas.
• Se desconoce el destino final de las pruebas que podían acreditar la agresión sexual.
• A la familia se le negó el acceso al expediente.
• No se consideraron las pruebas que ofreció la madre de Karla que acreditaban el acoso sexual que sufrió por parte de su jefe.
• A pesar de que las pruebas existentes apuntaban a que la muerte de Karla podría tratarse de un feminicidio, la entonces Procuraduría calificó el delito como homicidio culposo.
• No se permitió la participación de las víctimas en la integración de la investigación y no se les notificaron las determinaciones adoptadas durante la averiguación.
Fueron estas irregularidades las que dieron pauta a que, en julio de 2015, el caso de Karla llegara a la Suprema Corte (SCJN), instancia que emitió una sentencia que invalidó la consignación del caso por homicidio, y ordenaba a la Fiscalía General de Justicia del estado de San Luis Potosí, investigar con perspectiva de género la muerte de Karla.
Es así como en respuesta a esta exigencia de la SCJN, se crea la UEMI; para la investigación, persecución, litigación y concentración de asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios, lo cual fue una condición necesaria para continuar la búsqueda de justicia para Karla Pontigo, pero con la intención de prestar el mismo empeño en todos los casos de feminicidios y muertes violentas de mujeres en el estado.
Desde su creación, esa Unidad a cargo de la fiscal Candy Elizabeth Martell Sandoval ha realizado un trabajo de investigación “extraordinario y sensible”, como lo han calificado en declaraciones las madres de algunas víctimas, y representó un incomparable avance en el acceso a la verdad, la justicia, la reparación de los daños y la no repetición de los casos de feminicidio en el estado.
Fue en octubre de 2020, que la elección del nuevo Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, significó un importante conflicto de intereses para el caso, pues cuando Karla fue asesinada, el nuevo Fiscal era secretario particular del Procurador General de Justicia del estado, y también resulto ser hermano del juez que determinó, en 2013, que la muerte de Karla habría sido homicidio culposo.
Esperanza Luciotto relata que con apoyo de Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia solicitaron a la Fiscalía General de la República la atracción del caso, ante el temor fundado de un conflicto de interés que podría poner en riesgo el acceso a la justicia; y en respuesta, el 24 de febrero de este año, la FGR a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), resolvió atender su petición, con lo cual se busca garantizar la independencia en la investigación, y la aplicación del protocolo de feminicidio con perspectiva de género.
Lamentablemente, como resultado de esta situación, el personal que conformaba la UEMI fue removido, y la Unidad fue desaparecida, lo que significaría un enorme retroceso en el acceso a la verdad y la justicia de los casos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio.
UEMI desarticulada
Casi al mismo tiempo que la UEMI, surgió, según la propia Esperanza Luciotto, la colectiva “Por Ellas, Por Nosotras, Por Todas”, que empezó agrupando a 7 familias de víctimas de feminicidio, y cada vez arropa a más personas que han padecido el lacerante dolor de un feminicidio en su familia.
Si bien la colectiva surgió del dolor y la necesidad de justicia de un grupo de familias, tiene como espina vertebral la lucha por la verdad, y ante la desaparición de la UEMI, se pronunciaron firmes en su exigencia.
La colectiva asegura que la unidad no fue creada únicamente para investigar, perseguir, litigar y concentrar todos los asuntos relacionados con la muerte violenta de mujeres y feminicidios, sino también de las actuaciones de cualquier autoridad que vulneren el derecho a la verdad de las víctimas.
En uno de sus varios pronunciamientos, advierten que la FGE no supo leer la obligación colectiva que le dicta la sentencia y que, con toda alevosía, la UEMI fue creada con un candado que reduce su actuación a la investigación del caso de Karla, lo que significaría un acto de discriminación.
En el contexto de la desaparición de la UEMI, la colectiva “Por Ellas, Por Nosotras, Por Todas”, tenía una clara exigencia; que la investigación de los feminicidios se hiciera con perspectiva de género y debida diligencia, para lo que era necesario la permanencia de la Unidad.
Lamentablemente la lucha de las familias por mantener en funcionamiento la UEMI, vio su ocaso el 8 de marzo de 2022, irónicamente ese día la Unidad fue desarticulada; sin embargo, aún tenían una promesa en el aire, que lucharían por ver cumplida.
En el marco del aniversario número 10 de la muerte de Karla Pontigo, arrancaron la campaña #10AñosSinKarla, que acompaña la lucha de Esperanza Luciotto, y tiene la intención de recordar que el Fiscal General se comprometió a crear una Fiscalía Especializada en Feminicidios para el 2023, lo anterior acordado en una reunión entre Amnistía Internacional, la FJEDD y las familias de la colectiva, efectuada en julio de 2022.
Una Fiscalía negligente
Ante la posibilidad de crear esta Fiscalía, numerosas reacciones se han suscitado, desde el apoyo incondicional, hasta la omisión total; pues el gobierno estatal niega que haya la necesidad de crear esta Fiscalía Especializada, argumentando que la incidencia del delito de feminicidio es poca en la entidad.
Una de las declaraciones del secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez fue la siguiente:
“Con todo respeto, eso lo único que generaría sería más burocracia, hay ya una fiscalía especializada en materia de derechos humanos, que es funcional y que ha estado dando resultados y lo que tenemos que hacer es acercarnos para que se le dé seguimiento al trámite de todos los casos”.
Respecto a esta postura por parte del Estado, la abogada Fátima Alviso afirma que, aunque existiera un solo caso de feminicidio, muerte violenta de mujeres o una carpeta rezagada, la Fiscalía Especializada en Feminicidio, es necesaria.
Alviso asegura que la forma en que la actual Fiscalía hace trabajar a sus agentes del MP es inhumana, pues el mismo agente es quien abre la carpeta de investigación, quien realiza la investigación y le da seguimiento hasta el juicio oral; y no solo lleva una carpeta, sino varias; lo que representa una excesiva carga de trabajo, uno de los múltiples factores que obstaculiza el acceso a la justicia.
Para muestra de la negligencia con la que trabaja la Fiscalía, está el caso del feminicidio de Fernanda Morán, cuya madre fue testigo de cómo las investigaciones fueron insuficientes para resolver el caso de su hija.
El 7 de septiembre de 2020 Jazmín, madre de Fernanda, recibió a las 11 de la noche una llamada de su hija pidiéndole ayuda porque se la querían llevar; desde las primeras declaraciones Jazmín dijo que sospechaba de Marco, el joven con el que su hija tenía un par de semanas saliendo; pero inmediatamente la Fiscalía descartó esa línea de investigación, y en su lugar fue detenido el ex novio de Fernanda, quien pasó 6 meses en la cárcel.
Fue hasta el 29 de marzo de 2021, que un albañil que hacía remodelaciones en la casa de la familia de Marco, encontró en el patio de la casa, enterrado a 50 cm de profundidad, el cadáver de la joven de 21 años; esa misma casa que ya había sido cateada por la Fiscalía.
Otro caso que cimbró al estado, fue el de Chuyita, una niña de 14 años oriunda del municipio de Villa de Arriaga, a la que también le debe justicia la Fiscalía de San Luis Potosí. Chuyita Rodríguez, desapareció el 14 de septiembre, salió a la escuela y no volvió; cuando su familia fue a reportar la desaparición, la respuesta de las autoridades fue que seguramente se había ido con el novio.
Un día después, el cuerpo de la niña fue encontrado en el baño de un centro deportivo, mientras familiares y amigos realizaban su búsqueda en una zona boscosa aledaña; curiosamente el levantamiento del cadáver de la niña fue muy rápido, contrario a las 3 ó 4 horas que les lleva a los peritos hacer lo propio cuando hay accidentes viales en el municipio de Villa de Arista. Así, cuando su familia llegó, no encontró ni rastro de la niña.
Con la misma velocidad, el 20 de septiembre, la Fiscalía anunció la vinculación a proceso de Jorge N, un indigente de 33 años proveniente del estado de Guerrero, quien fue señalado como el presunto feminicida de Chuyita, sin embargo, la familia duda de esta acusación, pero las autoridades se niegan a abrir otra línea de investigación, así como también rechazan mostrar la carpeta de investigación al abogado de la familia.
Por estos motivos, es por los que las familias de la colectiva “Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas” desconfían del trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos, y exigen la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios que:
“concentre todos los casos de muertes violentas de mujeres en el estado, que cuente con los recursos necesarios y con el personal preparado, que atienda con dignidad a las y los familiares de víctimas, y que su proceso de creación se haga de manera transparente, abierta y con participación de familiares de víctimas y de la sociedad civil organizada”
Respuesta del Estado
Las pruebas fehacientes de la incapacidad de la Fiscalía para resolver los casos de feminicidio en el estado, no son suficientes para que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, vea como una prioridad la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio; antes de eso, el jefe del ejecutivo tiene otras opciones como respuesta a la exigencia de justicia de las familias de las víctimas.
Es así como la tarde del 21 de septiembre, en la página de Facebook del gobernador se publicó una encuesta:
“San Luis Potosí, ¿ustedes qué piensan sobre la propuesta de castración para quienes cometan viol@ción, y pena de muerte a feminicidas y asesinos?”, que fue acompañada con una imagen de fondo verde con la pregunta: “¿Catraci*n a quienes cometan vi*lación?”, y tres posibles reacciones: like para “está bien”; me encanta para “necesitamos penas más severas” y me asombra para “es demasiado”.
Esta publicación del gobernador, que se caracteriza por su intensa actividad en redes, obtuvo 17 mil reacciones, 15 mil a favor de la propuesta.
Por su parte, al día siguiente y después de la mañanera, cuando se cuestionó al presidente López Obrador sobre la iniciativa del gobernador potosino, su respuesta fue que eso tenía que ver más con en sensacionalismo, el amarillismo y la politiquería.
Activistas feministas del estado, acusan al gobernador de utilizar a las víctimas de feminicidio para obtener likes, lo que es indignante y revictimizante para las víctimas y para sus familias.
Además, integrantes de la batucada feminista “Vulvasónicas”, comparten que las violaciones no obedecen a una cuestión fisiológica, sino que son una forma de ejercer poder sobre las víctimas; aseguran que pensar en la castración química, reduce el delito de violación a un acto salvaje, animal o primitivo; y lo despoja de la verdadera carga social y simbólica que tiene para las mujeres que lo padecen.
¿Qué sigue en la lucha por una Fiscalía Especializada en Feminicidio?
Jazmín, Esperanza y toda la colectiva “Por Ellas, Por Nosotras, Por Todas”, no desfallecen en su incansable lucha, y aseguran que tarde o temprano será una realidad para que todas sus hijas puedan encontrar justicia.
Su colectiva se consolidó en el marco del 14M (14 de mayo de 2021), con la institución del Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en SLP, y la revelación del memorial colocado en la Plaza de Armas de la ciudad; pero el trabajo conjunto de las familias de víctimas tenía más de dos años de haber iniciado; trabajando en busca de justicia para todas las víctimas de feminicidio en San Luis Potosí.
Un país en el que asesinan a 10 mujeres al día, debería tener una Fiscalía especializada en Feminicidio, en cada estado del país. Por este motivo hacen un llamado a la sociedad civil a organizarse y sumarse a su exigencia, porque no se puede olvidar que el feminicidio no involucra únicamente a la víctima y al victimario, sino a la sociedad que sostiene las conductas violentas y misóginas y al Estado que perpetúa la impunidad ante las muertes violentas de las mujeres.
Acompañantes de la colectiva, también comparten que si bien a “Por Ellas, Por Nosotras, Por Todas”, la conforman actualmente 7 familias de víctimas de feminicidio en San Luis Potosí; ellas no solo buscan justicia para sus hijas, sino que luchan por justicia para todas las mujeres asesinadas por la violencia machista y misógina; por ello exigen una Fiscalía especializada, que responda a la necesidad de combatir la lacerante marca del feminicidio en el estado, su lucha es como su nombre lo dice por ellas, las que nos faltan; por nosotras, que no dejaremos nunca de nombrarlas; y por todas, para que nunca tengamos que padecer en carne propia la violencia feminicida.
La madre de Fernanda, nos asegura que “mientras no presionemos a la Fiscalía, ellos estarán tranquilos, que debemos presionar más, unirnos como sociedad, pedir y exigir la Fiscalía especializada en Feminicidio”, porque hoy lo hace por ella, por justicia para su hija, mañana puede ser por la hija de alguien más.