DH bajo fuego Opacidad derrotada
Debe de causar mucha inquietud el hecho de que la capital del estado se ubique en una lista a la altura de las ciudades con mayor actividad delictiva del país.
Juárez, Acapulco, Reynosa y Tijuana son las únicas localidades que superan a San Luis capital en cuanto al número de denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de corporaciones que combaten el crimen.
Las cuatro son ciudades martirizadas por los criminales y, según el documento emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por las malas actuaciones de elementos encargados de combatirlas.
El propio documento aclara que las más de quinientas solicitudes de recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra presuntos infractores no implican que se hayan emitido tales recomendaciones, es decir, que en todos esos casos, se hubieran comprobado irregularidades.
No es un secreto que un sector de la población mexicana y de la entidad considera que buena parte de las solicitudes a la CNDH son mecanismos usados por los delincuentes como un medio de defensa para evadir la justicia.
Pero el indicador de que el municipio capitalino es el quinto con mayor número de denuncias refleja el grado de acción de ambos bandos, el crimen organizado, no necesariamente actor en todas las denuncias, hay que decirlo; y de las fuerzas del Estado, en sus tres niveles de gobierno encargadas de combatir a los delincuentes, en el municipio.
Quizá de manera indirecta, pero este indicador dado a conocer por la CNDH es un indicio más de que la situación de la seguridad en la capital del estado enfrenta una grave situación.
Si alguien piensa que los bárbaros inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que golpearon al conductor de un auto al que confundieron como un empleado de Uber, deberían enfrentar sanciones más fuertes que el despido, probablemente tengan razón.
El asunto es que se trata de un proceso que llevaría tiempo. Separados ya de sus cargos los agresores, es muy probable que enfrenten un proceso de inhabilitación a ocupar un cargo público. Las acciones para concretar esta sanción, sin embargo, son largas.
Lo que se sabe es que habría la voluntad en el Ejecutivo para adoptar este paso. Sería un gran acierto, que sentaría una precedente contra la impunidad y para inhibir conductas reprobables como la registrada el viernes.
Cayó en fin de semana la revelación del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales los altos cobros de los ayuntamientos por la entrega de datos solicitados vía la Ley de Transparencia en copias o soportes electrónicos.
El golpe es a 51 alcaldías, pero especialmente, a la presidencia municipal perredista de Soledad de Graciano Sánchez, que ha sido acusada de escudarse en esas maniobras para ocultar información muy específica.
Habrá que esperar a mañana para ver si hay reacciones tanto de esta alcaldía como de los diputados, a los que se les ordenó ejecutar el fallo, al invalidad en el futuro de las leyes de ingresos municipales estos altos cobros.
Sin embargo, no escapa a la atención que tuvo que ser una instancia externa como la SCJN, la que metiera orden en esta situación.
Ni la alcaldía perredista ni los diputados ni la CEGAIP pudieron detener esta estrategia que atenta contra la transparencia. Es un indicio muy revelador.