Mal negocio
Repudio razonable
Ayer, en el límite del registro de las coaliciones que participarán en las próximas elecciones locales, la que más llamó la atención fue la que no se concretó: la del PRI, Panal, PVEM y Conciencia Popular.
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Anunciada informalmente desde hace semanas y orientada por la decisión de las dirigencias nacionales de los tres primeros partidos, ayer en las oficinas del Ceepac, los representantes partidistas involucrados nunca se presentaron.
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La ausencia llamó la atención, pues si no acuden coaligados a la elección estos partidos y lo hacen bajo la figura de la alianza, el PRI se convertirá en la locomotora de un tren electoral que le anticipa raquíticos frutos.
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Y en un descuido, hasta un revés futuro, pues con la alianza, deberá compartir votos con la chiquillada partidista que lo acompañará, lo que incluso podría reflejarse en puestos de elección y hasta financiamiento.
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En cambio, los partidos minoritarios coaligados se garantizan la permanencia de sus registros a costa del tricolor y hasta posiciones electorales. Un negocio redondo para ellos, pero disparejo para su socio mayoritario.
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Lo que extraña es el tiempo desperdiciado por los mandos priistas, los formales y los reales, para ajustar una coalición que favoreciera al socio mayor de la unión.
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En contraste, la coalición del PAN, el PRD y el MC, forzada y todo por lo que respecta a los dos ´rimero partidos, se formalizó incluso con la foto de los líderes del blanquiazul y el Sol Azteca alzándose las manos.
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Habrá que verlos cuando las dinámicas electorales nacionales los fuercen a cooperar en las campañas federales, mientras que en las locales, especialmente en la capital y Soledad, se geste el encuentro a muerte por las alcaldías.
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De nueva cuenta, las ternas postuladas por el Ejecutivo para las fiscalías anti corrupción y contra delitos electorales levantaron controversia, por la inclusión de funcionarios en activo entre los candidatos.
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Y aunque hay quién no descarta que su presencia sea más bien un señuelo para distraer la atención de las verdaderas favoritas, ambas mujeres, es difícil no cuestionar que un subsecretario estatal sea postulado como fiscal que busca investigar, perseguir y castigar los casos de corrupción del gobierno de donde proviene.
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En caso de que Alejandro Vera obtuviera el cargo, la situación remitiría a la designación de Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública para luego “investigar” la legalidad de la Casa Blanca presidencial y luego exonerar a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.
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La presunta lucha anticorrupción emprendida por el gobernador Juan Manuel Carreras López quedaría seriamente cuestionada.