Taxi aéreo oficial
Doble postura
Usuarios que ayer practicaban algún deporte en el parque Tangamanga I observaron una escena llamativa en el helipuerto del área verde, registrada ayer poco después del mediodía.
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Un helicóptero de la policía estatal aterrizó para permitir que lo abordara un trío de agentes. La nave despegó para regresar cerca de una hora después. De ella, bajaron los tres elementos, que abordaron una patrulla de la Policía Metropolitana.
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Hasta ahí, todo normal. Luego, se vio arribar un maltratado Jetta, del que bajó una persona con celular o radio en mano. Por su comportamiento, parecía la avanzada de alguien que arribaría poco después.
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Y efectivamente, después arribó una llamativa camioneta de reciente modelo. De la cual bajaron seis personas, un matrimonio joven, con dos niños y otra persona con la inconfundible pinta de escolta de seguridad A los testigos no les resultaron conocidos.
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Pero sí el conductor: un ex funcionario de la administración de Victoria Labastida, que comparte apellidos con el precandidato priista a Los Pinos.
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Con mucha tranquilidad, la familia abordó el helicóptero oficial, que despegó sin contratiempos.
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¿A quién se le daría el rápido servicio de transporte, que representa un alto costo para el erario? ¿Una aeronave gubernamental siendo prestada a particulares?
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Fuentes policiacas consultadas confirmaron la operación hoy, aunque sin precisar la identidad de los misteriosos pasajeros. También señalaron que al no estar regulados por autoridad aeroportuaria alguna, este tipo de vuelos del helicóptero a cargo de la SSP, en el que los pasajeros no son miembros de alguna corporación, no son raros.
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¿Está dando alguna autoridad un uso a lo “Korenfeld” de la aeronave estatal? La alusión es al director de Conagua en esta administración federal, David Korenfeld, que en enero de 2016 fue sorprendido usando una aeronave de la dependencia para un viaje particular, con toda su familia.
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Ante la evidencia del video, al funcionario peñanietista no le quedó otra que renunciar.
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El ayuntamiento capitalino ha emprendido un pleito, otro, contra la administración estatal, ahora por los recursos del Fondo Metropolitano, en el que expone documentación oficial para probar que dichos recursos federales se perdieron por negligencia de la Seduvop.
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Sin embargo, no ha mostrado tanta apertura en el caso de los señalamientos de la CMIC sobre las irregularidades en las licitaciones de obra de la alcaldía, en las que se declaran desiertos concursos para luego entregárselas a constructoras favoritas.
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Sobre el tema, la alcaldía capitalina se ha autoexculpado, diciendo que no hay irregularidades. Los constructores opinan distinto, sin embargo, y así lo demuestra la carta que en diciembre pasado enviaron al ayuntamiento reportando la inconformidad.
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Lo anterior pese a que dentro del ayuntamiento se dijo desconocer la existencia de alguna queja oficial. La doble cara tradicional de una autoridad que exige por un lado lo que niega por el otro.