DE TODOS...

Voraces hasta el fin Preocupante discrepancia

Desde finales del año pasado, se especulaba si habría recursos sobrantes en el Congreso del Estado. Ahorros, se esmeraban en llamarlos los diputados.

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Al menos dos legisladores hablaban de que quedaría un remanente y hasta aconsejaban su destino: la compra de insumos para el legislativo. En 2016, lo que no se gastaron los diputados en el ejercicio normal del año acabó beneficiándolos de cualquier modo, con la compra de varios vehículos.

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Para este año, sin embargo, los legisladores fueron menos sutiles. Desde noviembre, se terminaron la partida de Gestoría Institucional, más de doce millones de pesos, de los cuales, el último día de ese mes “quemaron” 2.1 millones de pesos en cheques por ese concepto.

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Así lo reconoció incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Díaz Salinas, quien declaró consumida la partida.

No era así, sin embargo, porque desde el mismo noviembre, los diputados aprobaron una extensión presupuestal para Gestoría Institucional de casi 4 millones de pesos, misma que despacharon íntegramente en diciembre, cuando se suponía que ya no había dinero para los apoyos.

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El incremento es criticable primero porque tienen toda la apariencia de que intentó hacerse en “lo oscurito”. Los legisladores nunca informaron de ese remanente presupuestal, e igual maniobraron para asignárselo sin dar cuenta pública de ello. En ese sentido, la declaración del líder del Congreso fue una mentira.

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También es deleznable el poco escrúpulo de algunos legisladores, que no se complicaron en presentar una sola factura por 148 mil pesos para justificar el gasto, dando con ello la pista de cuánto le tocó a cada legislador: pues esa cantidad multiplicada por los 27 diputados da, exactamente, los 3.9 millones de pesos sobrantes.

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En medio de una nueva psicosis sobre casos de desaparición de personas, marcadamente de mujeres y menores de edad, se descubre una de las situaciones más dañinas para la sociedad en estas circunstancias: la incertidumbre sobre las cifras oficiales de personas desaparecidas.

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Partiendo de la premisa de que no se puede enfrentar un problema sin conocer su magnitud, que no exista homogeneidad en las cifras de dependencias como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un problema grave.

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El presidente de la comisión, Jorge Andrés López, a través de un pronunciamiento, mencionó ayer que hay más de 40 desapariciones en el estado, es decir, más personas ilocalizables que días transcurridos en el año.

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La información de la CEDH no precisa cuántas de esas personas permanecen aún en calidad de desaparecidas.

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La cifra es alarmante, y el obligado contraste con las cifras oficiales de la FGE no tranquiliza mucho.

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Y es que las cifras oficiales ofrecen una cifra mucho mayor, de 62 casos en un mes y una semana. El impacto se ve amortiguado por el hecho de que 37 personas ya fueron localizadas.

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Pero 25 de ellas siguen en calidad de desaparecidas. La situación, dramática por derecho propio, se ve agravada por el hecho de que las cifras de la FGE y la CEDH muestran realidades distintas.