Sistema atrofiado
Amago a la Procesión
Ayer, en un evento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebrado en la Ciudad de México, San Luis fue mencionado. Lamentablemente, no por su peso como centro de negocios o como sede de un clúster industrial.
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Nuestra entidad, junto con Aguascalientes y Nuevo León, apuntó el líder patronal Gustavo de Hoyos Walther, son los estados en los que más creció la corrupción, triplicando el avance que registró a nivel nacional.
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Se refería a los números de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que Pulso dio a conocer y que revelaba cómo, en el periodo de la “Ecuación Corrupta”, la deshonestidad de los servidores públicos potosinos se disparó.
El tamaño del monstruo es inocultable y en la Ciudad de México ya se dieron cuenta, por más malabares argumentativos dé la Contraloría General del Estado en sus boletines para convencer que el desastre es, en realidad un avance.
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Tampoco se puede esconder la debilidad de los esfuerzos en establecer las medidas necesarias para detener la oleada de corrupción y castigar a los responsables.
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Precisamente, en el evento de Coparmex, se señalaba el abandono en el que están los sistemas estatales anticorrupción.
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“La omisión en el monitoreo de los procesos de integración y la falta de agendas consistentes en los sistemas locales anticorrupción es preocupante y se manifiesta como uno de los principales motivos por los cuales la corrupción no ha podido ser atacada de forma eficaz”, indicó el líder empresarial.
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La afirmación aplica con exactitud para San Luis Potosí. su SEA está paralizado, entre la ausencia de marco normativo cuya responsabilidad se pelotean el Congreso y el Ejecutivo, el sistema se empantanó. Y tampoco se ha resulto la crisis de su comité ciudadano, cuya representatividad nadie reconoce.
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Así las cosas, la preocupación empresarial en torno a los pocos avances en la lucha contra la corrupción está más que fundada. Así como la desconfianza de algunas organizaciones sociales de que esto no sea producto de causas no previstas desde la esfera del poder.
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Desde ayer, el gobierno estatal trata de desactivar un conflicto sindical que, como suele ocurrir en estas fechas, amenaza con tomar de rehén a la Procesión del Silencio mediante la ocupación de la Plaza de Armas.
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Pero, en esta ocasión, el problema no es el SITTGE, tradicional responsable de este tipo de prácticas, sino el SUTSGE, el ya no tan oficialista sindicato, sería el responsable de la presión.