Hospital herido
Más demandas
Para el innegable beneficio social que ha generado desde hace ya muchos años, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto es, si no el caso más grave, es una de las principales muestras de maltrato financiero entre las instituciones públicas de San Luis Potosí.
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No es sólo por la cortedad presupuestal que afecta a muchas de las instancias estatales, sino también por la insensibilidad oficial ante el hecho de que, como única oportunidad de atención médica de calidad para miles de los ciudadanos más pobres de la entidad que no pueden pagar por esos servicios, se le deja a su suerte con la cuantiosa cantidad de ingresos que ya se dan por perdidos debido a la incapacidad de que los beneficiarios puedan cubrir su costo.
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El maltrato financiero se agrava con la negativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud a pagar una cifra millonaria generada, precisamente, por esta atención.
Y mientras que el HC se tiene que resignar a perder 700 millones de pesos, lo azota una deuda de 400 millones que, esa sí, debe de cubrir para seguir operando.
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También lo han afectado errores o anomalías groseras, como la cometida por la administración de Fernando Toranzo Fernández, que construyó varios quirófanos sin preocuparse en equiparlos y que simplemente serán derruidos dentro de la remodelación prevista. Un criminal desperdicio de recursos que el gobierno de Juan Manuel Carreras López parece poco interesado en indagar.
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Bajo el panorama desolador de las finanzas del Central, no es irrelevante pensar en que, antes de ponerlo a correr, quizá sea necesario rehabilitar a un hospital que no tiene piernas financieras.
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De poco serviría tener un hospital de vanguardia con finanzas del tercer mundo. La posibilidad de que el chasco de los quirófanos se repita, en una mayor proporción.
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Y sigue la mala mata dando. Ayer, fue presentado un nuevo paquete de denuncias penales en contra de los diputados envueltos en el escándalo de los falsos apoyos de gestoría. Con esto, seguramente la actual Legislatura es ya la más demandada de la historia potosina.
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La revelación de las querellas coincidió con la recepción, por fin, del paquete normativo que permitirá a la fiscalía anticorrupción trabajar en forma.
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Resulta paradójico que ahora, el balón esté en la cancha de los diputados que podrían ser los primeros blancos de sus investigaciones.
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En efecto, ahora, los diputados, varios de los cuales están en la lista de acusados, son los responsables de aprobar la normatividad faltante.
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Y a la controversia, se añade el ingrediente electoral. Si no se retrasa más esa aprobación, la fiscalía a cargo de Jorge Vera deberá hacerse cargo de los casos cuando, también, varios de los acusados estén en campaña.
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El panorama, entonces, luce igual de complicado para la naciente fiscalía y las investigaciones que deberá iniciar contra los diputados.
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La confianza de la ciudadanía en que se castigará la corrupción, como lo prometió el gobernador Juan Manuel Carreras al inicio de su gobierno, sigue en juego.
¡HASTA MAÑANA!