Austeridad de saliva
Ariete político
El penúltimo artículo del Acuerdo para la Austeridad Gubernamental, firmado por el gobernador Juan Manuel Carreras López en enero de 2017 tras la crisis que generaron los “gasolinazos” de diciembre anterior señala textual: “El incumplimiento de las medidas que dispone el presente Acuerdo será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí”.
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¿Se va a castigar a los funcionarios que incumplieron las disposiciones del acuerdo de recortar un once por ciento sus remuneraciones, empezando por el propio gobernador?
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¿Y a los que se incrementaron sus salarios pese a la prohibición expresa del mencionado acuerdo, entre los que se encuentra, otra vez, Carreras López?
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La publicación de las declaraciones de ingresos de los funcionarios estatales revela que, al menos esas dos disposiciones, son letra muerta.
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El hecho resulta un duro golpe a la intención original del acuerdo, que fue solidarizarse con una ciudadanía golpeada en su ingreso por los incrementos a los combustibles y a otros productos.
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Al parecer, tal empatía sólo se quedó en el papel del acuerdo, porque ni hubo reducción y sí hubo aumento.
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El caso más escandaloso es el del titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens, cuyo incremento incluso rebasó al del gobernador, algo prohibido por la Ley.
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Queda ver si la situación es generalizada en el gabinete, toda vez que la mayor parte de las declaraciones de los secretarios aún no se publicaban.
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Y está pendiente saber si el aparente incumplimiento de las disposiciones del acuerdo va a tener una sanción.
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Por segunda ocasión en breve tiempo, el Interapas informa de “motu propio” la imposición de sanciones a usuarios infractores, algo que, usualmente, no realiza.
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El primero fue un negocio de lavado de autos y ayer, de un club deportivo. Es positivo que quien roba agua o se conecta ilegalmente a las redes hidráulicas sea castigado.
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Sin embargo, un ingrediente político se mezcla en desdoro de la intención justiciera del organismo. En el primer caso, el lavado de autos pertenecía a integrantes de la familia Stevens, uno de cuyos miembros, Hugo Stevens Amaro, es integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción.
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Y ayer, trascendió que el club sancionado sería sede de un evento de un candidato a la alcaldía, opositor al PRD, a celebrarse en unos días, al que se prevé asista un personaje de alto peso del partido que lo postula. La sanción sería vista como un intento de frenar ese evento.
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El esquema es claro: el Interapas usado como órgano que impone las sanciones, seguidas de una amplia cobertura del sistema mediático gallardista.
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Que se esté usando al organismo operador como ariete político contra opositores a la fuerza dominante en la alcaldía es grave y preocupante.
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¡HASTA MAÑANA!