Trabajar con migrantes ¿Quién es el responsable?
La migración internacional es un asunto que lleva miles de años y que ninguna política pública puede frenar, en el país de origen de los migrantes o en la calidad de la que viven en un país ajeno. El éxodo normalmente tiene su origen en los índices de violencia, a veces facilitados por los propios gobiernos, en las propias políticas del gobierno, en la crisis económica o incluso en conflictos religiosos o ideológicos.
En el caso de México, la migración temporal o definitiva se acentúa a mediados del siglo XX, cuando fue el propio gobierno de los Estados Unidos quien abrió sus fronteras al denominado “Programa Bracero”, del que por cierto miles de beneficiarios ya no tuvieron noticia con respecto a su pensión, y murieron sin que alguien les devolviera el depósito de su liquidación por participar de la industria estadounidense, durante la Segunda Guerra Mundial.
La migración creció aceleradamente con las crisis económicas que obligaron a la pérdida de empleos y al empobrecimiento progresivo del campo, cuyos trabajadores prefirieron buscar mejores oportunidades de un empleo digno en las ciudades o cruzando el Río Bravo, con las consecuencias que ello implica, desde vivir en el peligro e indocumentado, hasta ingeniárselas para enviar el pago de sus sueldos a sus familias que aquí se quedaron.
La nueva política migratoria establecida por el actual gobierno estadounidense, cambió por completo el escenario en lo que se refiere a la inseguridad de la estancia de los migrantes en sus fuentes de trabajo. Algunos ya establecidos allá realizan actividades laborales y si la oportunidad se les presenta, forman su propia familia para quedarse en aquel país.
Sin embargo, la deportación de mexicanos indocumentados es constante desde el gobierno demócrata de Bill Clinton, pero a pesar de la estadística, la repatriación de mexicanos a su país se ha vestido de un agregado de lenguaje violento del presidente estadounidense en turno. La deportación ocurre casi en los mismos términos y con la misma frecuencia que en los gobiernos anteriores, pero en esta ocasión con el agregado de un discurso racista y discriminatorio del presidente actual.
El nivel del discurso de aquel gobierno debe obligar a su similar mexicano a entrar sin demagogia en una dinámica de asegurar la fuente de trabajo a sus propios compatriotas en su país. Las deportaciones en medio del discurso de violencia y discriminación del gobierno de Estados Unidos, ya nos han traído tres mil potosinos en ese escenario, para quedarse en su tierra. Lo que necesitan ahora es una oportunidad de trabajo y formar parte de los motores de la economía local.
Nada mal estaría que la creciente industria que llegó a la entidad ayude a buscar entre los deportados a los trabajadores que reúnan las habilidades para desempeñar funciones específicas que no encuentran en los perfiles de mano de obra local. La medida ayudaría a hacer más justo el reparto de plazas laborales, según las competencias de cada uno de los aspirantes a una plaza de trabajo.
Incluso en el sector educativo, hay profesores que viven en la zona del confort que les proporcionan los beneficios de un sindicato, y las prestaciones que les otorga el gobierno por esa causa, y los muy pocos que hacen lo necesario para profesionalizarse, generar competencias y ganar un mejor espacio en el sector educativo. Así debe ser la mentalidad para dar un trabajo a quien reúne los requisitos para desempeñarlo.
Al menos por el lado de Petróleos Mexicanos, hay una versión oficial difundida por el secretario general de gobierno, en el sentido de que esa empresa oficial no cuenta entre sus planes aterrizar proyectos de explotación de gas por el método conocido como fracking, situación que en alguna medida ayudaría a tranquilizar el temor de quienes creen que es la empresa paraestatal quien se encargaría de un procedimiento de esa naturaleza, para llegar a los yacimientos del hidrocarburo.