Evasión institucional Irregularidad permitida
El garante de la justicia en San Luis Potosí evade pagar sus impuestos. Peor aún, pretende que el erario cargue con esa responsabilidad. Esa situación explica por qué muchas cosas marchan mal en la entidad.
El Poder Judicial del Estado admite por escrito que busca no pagar una cantidad no determinada, pero que se estima cuantiosa, de impuestos estatales sobre remuneraciones no han sido enterados a la Secretaría de Finanzas. Y no conforme, solicita precisamente a esa dependencia que lo dote de 86 millones de pesos para pagar la parte del adeudo que no puede ser anulado por la prescripción.
La escandalosa admisión y la insultante petición de los magistrados del Poder Judicial del Estado es el eslabón de una cadena que conduce a una irregularidad de dimensiones muy preocupantes: la omisión de las autoridades de todos los niveles a cumplir con sus obligaciones tributarias.
Y no sólo se trata de un tema de evasión fiscal, sino que también puede ser la tapadera de un caso de corrupción de una profundidad aún desconocida.
El gobierno del estado libró una complicada batalla para que el Congreso le autorizara pagar mil 200 millones de pesos de una deuda de varios años en contribuciones del ISSSTE.
Las alcaldías tienen varias observaciones de las auditorías del estado y de la Federación en torno a la omisión de reportar a las dependencias fiscales de ambos órdenes de gobierno.
En el proyecto de presupuesto para 2019, el Congreso del Estado incluye una partida que ronda los 9 millones de pesos para pagar el Impuesto sobre la Renta correspondiente al aguinaldo y prima vacacional de los diputados.
Y ahora, se revela que el Poder Judicial del Estado pretende evadir una millonaria cantidad de impuestos y otra de similares alcances para completar un remanente. En suma, que el erario pague.
Son solo algunas muestras de una estrategia totalmente intencional de diversas autoridades que genera múltiples irregularidades, entre las que destacan dos.
En el caso del Poder Judicial, los presupuestos de servicios personales deben realizarse con base a salarios brutos, es decir, con las deducciones fiscales y laborales de ley. ¿Por qué pide una partida distinta del presupuestal distinta para cubrirlas? A la postre, las retenciones cargadas al erario se traducen en un ingreso extra para los beneficiarios.
Y el otro hecho irregular, que se observa en el caso del adeudo del ISSSTE y en las alcaldías, es que las retenciones se le hacen al trabajador de su sueldo, pero no son enteradas a las entidades fiscales. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Quién dispone de él? A la evasión en que se incurre al no canalizarlos a su destino, se le suma la defraudación.
Y hay un tercer ingrediente irregular en la situación. En el caso del PJE, si logra que prescriba el pago de años pendientes de impuesto a las remuneraciones es porque la entidad fiscalizadora, es decir, la Secretaría de Finanzas, lo permite al no efectuar ninguna dirigencia de cobro durante al menos cinco años. ¿Hay complicidad entre el cobrador de impuestos y el contribuyente para dejar al erario sin millones de pesos?
¡HASTA MAÑANA!