Red intacta deuda pendiente
Las ligas de la “Ecuación Corrupta” siguen perfilándose pese al paso del tiempo. Parte de la cúpula que en la Auditoría Superior del Estado (ASE) se coaligó con el grupo de diputados que fraguó el esquema de chantaje contra alcaldes con observaciones en sus cuentas públicas, ahora es sostenida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), liderado por uno de los involucrados en la corruptela desde el lado del Congreso.
Por conducto distinto, pero Fernando Barrera Guillén y Abraham Payán Torrescano siguen recibiendo ingresos derivados del erario, a través de los pagos que les hace el partido liderado por el hermano de aquel, Manuel Barrera Guillén.
El Verde Ecologista no ha cedido en su política de gastos discrecionales para favorecer a cercanos de la dirigencia estatal. Tan cercanos como un familiar. También regresó la dudosa empresa MiPyme Estrategias Integrales SC, una empresa que cambia de dirección como alguien cambia de calcetines, y sigue cobrando jugosos recursos por fantasmales servicios de capacitación.
Así, que al sospechoso gasto del presupuesto partidista del PVEM, se le suma la suspicacia de que uno de los actores principales de “La Ecuación Corrupta” financié ahora a quienes la instrumentaron desde el lado de la ASE, junto con Abraham Reinhardt.
Por cierto, el rechazo a los amparos presentados por los estos tres directivos de la ASE evidencian que en la denuncia por el desvío de 600 mil pesos que se registró con la “Fiesta Fantasma” de la ASE, algo podría moverse pronto.
La petición de los amparos, dicen desde los pasillos de la Fiscalía, fue una salida en falso de los ex funcionarios, al llegarles el rumor de que próximamente habría algún movimiento en su contra.
Tramitan el amparo, pero al no existir el acto reclamado, es decir, una orden de aprehensión en su contra, el juez desechó la petición.
Habrá que estar pendientes para ver si se registra o no algún movimiento en este caso.
La deuda del Estado potosino con su población indígena sigue vigente, pese al paso de los años y de las administraciones.
La CNDH advirtió que el entramado legal de San Luis Potosí no está acorde a las normas internacionales sobre la garantía de derechos humanos para poblaciones indígenas.
Parte importante del discurso políticamente correcto de las autoridades, el tema indígena, en la práctica, no es atendido como dictan las normas internacionales.
El dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos proyecta una realidad de la que las autoridades no hablan. Habrá que ver si su divulgación sirve para llegar a una mejoría.
¡HASTA MAÑANA!