La reunión de diputados con autoridades del Ayuntamiento capitalino para analizar el aumento a los valores unitarios de suelo y construcción se tornó contrastante y acalorada; los primeros calificaron la iniciativa como “agresiva” por la afectación a dueños de bienes inmuebles y los segundos trataron de justificar su propuesta.
El encuentro fue solicitado por la comisión legislativa segunda de hacienda y desarrollo municipal y acudieron Joel Ramírez Díaz, titular de la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro; María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, directora de Catastro; Giselle Zavala Ojeda, directora de Normatividad Urbana; y Janeth López Hernández, director de Administración Territorial.
Al tomar la palabra, los funcionarios municipales expusieron gráficas, tablas y ejemplos de cómo se aplicará el alza de poco más de 26 por ciento que proponen para el ejercicio fiscal 2023.
Alegaron que con la actualización prevista, aplicada para todas las zonas habitacionales, las propiedades con mayor valor pagarán más predial, caso contrario a las de menor valor, que se conservarán bajo el mismo impuesto del 2022.
En contraste, los diputados señalaron que la propuesta resulta agresiva para la economía de la población, porque si bien se aplica una fórmula establecida para la actualización, al final el aumento puede ser superior al planteado.
Rubén Guajardo Barrera y María Aranzazú Puente Bustindui del PAN, Alejandro Leal Tovías del PRI y Eloy Franklin Sarabia del PVEM, mostraron su oposición y cuestionaron los argumentos de los funcionarios municipales.
Puente Bustindui informó que el lunes próximo la comisión legislativa definirá lo correspondiente a la indexación, aspecto que no ha sido ajustado desde el 2017, según refirió el Ayuntamiento.