Ante el desechamiento de un recurso de apelación presentado por la defensa del exsecretario de Salud Miguel Ángel Lutzow Steiner contra el fallo de una sentencia adversa por presunto ejercicio abusivo de funciones, emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la defensa descalificó la decisión, etiquetándola de "dolosa" y de "mala fe".
La decisión fue adoptada el pasado 2 de diciembre y fue comunicada en un oficio de la Unidad de Gestión de Segunda Instancia en el Sistema Acusatorio.
En el documento, la actuaria de la Primera Sala del STJE, Consuelo García Ventura, notificó que esa instancia determinó desechar de plano, es decir, sin entrar al estudio de fondo, el recurso de apelación, dentro de la toca judicial UG-ASA 319/2025, interpuesto por la defensa del sentenciado, así como la apelación adhesiva planteada por el mismo contra la sentencia de 5 años y tres meses de prisión en contra del exfuncionario.
El argumento fue que el caso se quedó sin materia debido a que el recurso se presentó contra una medida cautelar impuesta el 1 de febrero de este año y que el 12 de noviembre, a más de 9 meses después, la Quinta Sala del Supremo Tribunal ya había confirmado la sentencia condenatoria principal, dejándola como cosa juzgada.
Contra eso, agregó, no existen medios ordinarios de defensa, auqnue admitió que sí existen recursos extraordinarios como el amparo ante instancias federales, que la defensa ya presentó.
Ante ello, Lutzow Steiner, que se presenta como "perseguido político, preso político", respondió en un escrito que el fallo era arbitrario. En ellos, acusa a los magistrados Javier Salazar Zavala, Paola Morales Monter y Liliana Aguilar Gómez, responsables del fallo, de participar, en la persecución en su contra.
Atribuyó dolo y mala fe a la sentencia, argumentando que los magistrados esperaron deliberadamente a que se confirmara la sentencia en segunda instancia para evitar estudiar el fondo del asunto sobre su libertad.
Indicó que la sentencia aún no causa estado debido a que existe un amparo directo en trámite contra la confirmación de la condena, y esto implica que sigue gozando de la presunción de inocencia.
En el texto, el exfuncionario presenta también una demanda de revocación del fallo.