A menos de dos meses de iniciado el año, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) acumula aproximadamente 65 quejas, lo que equivale a una incidencia cercana a cinco casos por semana. La cifra marca el ritmo con el que comenzó 2026 y se mantiene en una tendencia similar a la de 2025, cuando el organismo cerró con 270 expedientes.
De acuerdo con Olivia Salazar Flores, encargada de despacho, aunque el debate público suele concentrarse en la atención a la violencia de género, la Defensoría recibe inconformidades de naturaleza diversa: posibles actos de discriminación, faltas de respeto y decisiones consideradas arbitrarias dentro del entorno universitario.
El abanico de asuntos, señaló, abarca tanto a estudiantes como a personal académico y administrativo.
Entre los casos más recurrentes se encuentran las inconformidades por evaluaciones académicas, pues estudiantes que cuestionan la calificación asignada buscan intervención del organismo; sin embargo, la Defensoría no tiene facultades para modificar notas, por lo que su actuación se limita al acompañamiento y asesoría para que las diferencias se resuelvan ante las autoridades de cada facultad.
También se suman al menos un par de casos registrados este año por hostigamiento a través de redes sociales, específicamente desde cuentas anónimas.
Salazar Flores aclaró que no se trata de acoso sexual, sino de asedio digital. Ante estas situaciones, la Defensoría busca coordinación con la Policía Cibernética para que, en caso de identificarse a las personas responsables, la Universidad pueda determinar acciones internas.
A este panorama, se presentan conflictos derivados de decisiones administrativas, como reasignación de actividades, cambios de oficina o modificaciones en funciones del personal. La Defensoría analiza si las determinaciones cuentan con sustento en la normativa universitaria y en la legislación laboral; cuando no es así, interviene para corregir posibles arbitrariedades, y cuando sí lo están, orienta a las personas involucradas sobre el marco legal aplicable.
Con 65 expedientes abiertos en el primer tramo del año, el organismo mantiene una carga constante de atención en un entorno universitario, donde los conflictos no solo persisten, sino que también se trasladan al ámbito digital.