En un entorno en el que la transparencia dificulta conocer el desempeño y el trabajo que realizan las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los estados, la de San Luis Potosí es una de las que menos información aportó a un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano sobre los organismos estatales para detectar casos de posible corrupción.
En el reporte "Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados", presentado la semana pasada, el ONC analiza el estado de las dependencias estatales creadas para replicar el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, diseñada para detectar y perseguir las operaciones que pudieran realizar organizaciones o individuos criminales en el sistema financiero nacional.
Para ello, realizó diversas solicitudes de información a los 32 gobiernos estatales sobre diversos aspectos de sus respectivas unidades.
Según un reporte de la UIF, la UIPE de San Luis Potosí está adscrita a su Fiscalía estatal y se creó en agosto de 2020, en la pasada administración y quedó integrada en la estructura de la Secretaría de Finanzas,
En agosto de 2022, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el ONC realizó la solicitud de información con folio 240470522000218 a la Secretaría de Finanzas de San Luis.
De 32 informaciones y datos solicitados, la Secretaría de Finanzas del actual gobierno declaró reservados 26 rubros.
Los argumentos en que la dependencia sustentó la reserva es que se pone en riesgo las estrategias de procuración de justicia y que la información solicitada no es material del derecho de acceso a la informacio´n pu´blica, explica el documento.
Por otro lado, el análisis descubrió que la UIPE de San Luis no está en posibilidades de ejercer facultades administrativas con respaldo legal pleno. Pues aún no había realizado reformas legislativas para tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.