Tanto María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), como José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, justificaron quese aplique la prisión preventiva oficiosa y justificada, acorde a determinados parámetros.
Este viernes se reveló que San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor proporción de personas privadas de su libertad (PPL) encarceladas por la vía de la prisión oficiosa, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
García Cázares refirió que la encarcelación preventiva oficiosa se encuentra muy delimitada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF), y en este sentido, el Ministerio Público solicita la misma cuando hay riesgo de fuga, peligro para la víctima o que se afecta el proceso penal.
Aparte, Ruiz Contreras sentenció que se pueden imponer en cualquiera de los supuestos previstos en legislación, siempre y cuando esté justificada, existan los riesgos establecidos para que el juzgador las aplique.
"La aplicación de la prisión preventiva oficiosa no es ilegal, está prevista en la ley. O sea, no podemos hablar de una ilegalidad", remarcó.
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