Tanto Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), como José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, justificaron que se aplique la prisión preventiva, acorde a determinados parámetros.
Este viernes se reveló que San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor proporción de personas privadas de su libertad encarceladas por la vía de la prisión oficiosa, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Manuela García refirió que la encarcelación preventiva no oficiosa se encuentra muy delimitada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF), y que el Ministerio Público la solicita cuando hay riesgo de fuga, peligro para la víctima o para el proceso penal.
“Únicamente en esos casos, lo que pasa es que hay una justificación cuando se pide la prisión preventiva, evidentemente que habría que analizar en cuáles delitos se está aplicando mayormente”, agregó.
Aparte, José Luis Ruiz dijo sentenció que se pueden imponer en cualquiera de los supuestos previstos en la legislación, siempre y cuando esté justificada y que existan los riesgos establecidos para que el juez la aplique.
“La aplicación de la prisión preventiva oficiosa no es ilegal, está prevista en la ley, o sea, no podemos hablar de una ilegalidad”, argumentó.