Este lunes, Juan Manuel Carreras López inicia lo que será su última semana de trabajo como gobernador, en la cual habrá seguramente algunas últimas entregas de obras y programas que serán debidamente publicitadas, pero también pendientes por aclarar.
De los más recientes, destacan los contratos reservados para la ampliación del sistema de video vigilancia conectado al Centro de Coordinación, Control, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2) respecto de los cuales persiste la sospecha de si se compró o no algún software de espionaje telefónico a las empresas beneficiadas.
En temas de salud, si bien se han ido cumpliendo los objetivos de vacunación de la población contra la Covid-19, dejar al estado en semáforo amarillo no es el máximo logro con el que una administración estatal pueda cerrar su ciclo.
Aparte, quedan pendientes de resolver las denuncias de corrupción contra los Servicios de Salud del Estado en tiempos de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, ampliamente documentadas por la organización Ciudadanos Observando, así como la hasta ahora inoperante incorporación del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
En el aspecto financiero, si bien se presume la disminución del endeudamiento público del estado, hay dos mil 335 millones de pesos en observaciones sin aclarar ante Auditoría Superior de la Federación (ASF) y fuertes dudas respecto al pago de obligaciones con el Fondo de Pensiones del Estado.
Internamente, el gobierno de Carreras López enfrenta el descontento de al menos dos de sus sindicatos por el otorgamiento de bases a empleados de confianza que no cumplen los requisitos de ley.
En el proceso de entrega – recepción con el gobierno entrante, subsisten las quejas de que se oculta información de dependencias clave encargadas de la seguridad pública, la realización de obras, el manejo de personal, el uso de recursos federales y otros temas.
Finalmente, en temas de seguridad pública, queda pendiente la consolidación de la Guardia Nacional, pues no se alcanzó el número de efectivos que el gobierno federal prometió que enviaría al estado ni se terminaron todos los cuarteles previstos.