Desde 2009 a mediados del presente mes, 123 personas indígenas se encuentran presas en cárceles estatales, sin embargo, en la actualidad la presente administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solo reporta el inicio de una queja respecto a tal sector población.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que, de 2009 al 15 de julio 2015, tres están internos en La Pila; 56 en el Cereso de Tancanhuitz; 39 en el Cereso de Tamazunchale; 7 en el Cereso de Rioverde; uno en el Cereso de Matehuala; y 17 en el Cereso de Ciudad Valles.
Mediante el oficio SSP/UT/0546/2021, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, informó que 11 se autoadscribieron de la etnia huasteco; 69 náhuatl; siete pame; uno tepehuano; uno otomí; y 34 tének.
¿QUÉ DELITOS COMETIERON?
De la totalidad de indígenas, todos hombres, 61 ingresaron por el delito de violación, entre ello equiparada, equiparada agravada y específica. Es decir, el 49.59 por ciento están encarcelados por ese ilícito.
Otros delitos sexuales corresponden a abuso sexual en distintas modalidades, donde se contabilizan 8 internos por este ilícito, según los datos facilitados en la solicitud de información con número de folio 00581621.
En tanto, 36 accedieron por el delito de homicidio, tal como simple intencional, calificado en grado de coparticipación, calificado, en modalidad de riña y en grado de tentativa, equivalente al 29.26 por ciento de los indígenas en prisión por esa acción delictiva.
En otras comisiones delictivas que los llevaron a los penales, se encuentran con uno o dos casos: feminicidio, robo, desaparición por particulares; peculado, ejercicio indebido de las funciones públicas y coalición, ataque peligroso, y trata de personas con fines de explotación sexual agravada.
DE JÓVENES A ADULTOS
Los grupos etarios de los presos abarcan desde los 20 a los 70 años, siendo esta última edad la de tres hombres, uno de Tampamolón Corona ingresó el 21 de julio de 2016 al Cereso de Tancanhuitz; uno de Coxcatlán el 29 de diciembre de 2015 al Cereso de Tancanhuitz; y uno residente de Xilitla el 19 de marzo de 2014 al penal de La Pila.
Asimismo, la mayoría de las personas privadas de la libertad que cometieron los delitos tienen entre 30 a 39 años de edad, detalla la dependencia estatal.
LA ÚNICA
En entrevista, Alejandro García Alvarado, titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reportó que en lo que va de 2021, atendió un expediente de queja por la facilitación de un traductor al imputado.
Ante ello, refirió que al solicitar el informe pormenorizado a la autoridad señalada, ésta hizo constar que al imputado ya se le estaba proporcionando el personal de traducción, a fin de conocer los señalamientos en su contra.
El funcionario estatal puntualizó que facilitar un traductor debe darse antes de la remisión de las investigaciones a las instancias jurisdiccionales, es decir, desde la integración la averiguación previa o la carpeta de investigación.
“Tanto el derecho de las víctimas como de las personas a quienes se les esté señalando por una actividad con apariencia de delito y que son de origen indígena, tiene ese derecho a que se les brinde un traductor”, enfatizó.
Precisó que la FGE cuenta con una Fiscalía Especializada en atención a pueblos y comunidades indígenas, con sede en Tancanhuitz, ubicada en ese municipio porque ahí se concentran las principales poblaciones originarias del estado.