La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, decidió abstenerse de votar la propuesta presupuestal para cumplir con una sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que obliga al municipio a pagar 44 millones de pesos como indemnización a un corporativo privado al argumentar que no había sustento jurídico ni técnico suficiente para avalar el gasto, además de que se detectaron inconsistencias en la información presentada ante Cabildo.
Urbina Aguilar denunció que existe una falta de transparencia y claridad en el proceso. Recordó que desde abril de 2025 el Ayuntamiento recibía oficios del TEJA sobre el caso, pero las comisiones internas desconocían los detalles del expediente, lo que generó un manejo opaco de la información hacia las y los integrantes del Cabildo.
De acuerdo con la regidora, el origen de este litigio se remonta a la administración 2015-2018, cuando se autorizó un fraccionamiento. Sin embargo, denunció que en la primera sesión de la Comisión de Hacienda, en junio de este año, los documentos entregados omitían los antecedentes relacionados con el cumplimiento de la sentencia, los cuales fueron agregados después de las discusiones internas.
Esto a la par de que se contestaban oficialmente requerimientos del Tribunal sobre dicha sentencia, lo que señaló demuestra una desinformación sistemática hacia las y los integrantes del ayuntamiento capitalino, "A mí no me parece ético ni legal avalar una propuesta cuando hay evidencia documental de que se nos ocultó información, y cuando el propio Cabildo no fue enterado oportunamente de la gravedad del tema".
La propuesta presentada al Cabildo contemplaba únicamente 7.5 millones de pesos para atender una obligación de 44.6 millones más actualizaciones, sin detallar cómo se cubriría la diferencia. Para Urbina, esta situación no solo es presupuestalmente inviable, sino que también representa riesgos jurídicos y posibles responsabilidades administrativas o patrimoniales para quienes la aprobaran sin justificación.
Finalmente, la regidora enfatizó que no se opone a fortalecer áreas prioritarias como la seguridad, sino que exige que las decisiones del Ayuntamiento se tomen con base en información completa y apegadas a la legalidad. Señaló que ya solicitó la intervención de la Contraloría Interna para investigar posibles irregularidades en el manejo de este caso y de la información relacionada.