Han transcurrido casi 10 días desde la tragedia en el antro Rich, que se cobró la vida de dos jóvenes y dejó al menos 15 personas heridas. Hasta el momento, ninguna autoridad ha tomado medidas como renuncias, separaciones de cargo o investigaciones internas.
Se ha revelado que el antro "Rich" operaba sin los permisos adecuados, junto con otros establecimientos que también gozaban de impunidad. Sin embargo, toda la atención y carga recae en la Fiscalía General del Estado (FGE), como si las autoridades municipales o de gobernación no tuvieran responsabilidad en el asunto.
A pesar de que se han presentado al menos 4 denuncias contra el antro Rich y la plaza Alttus por el colapso de la estructura, y la fiscal María Manuela García ha confirmado acciones legales, al interior de las instituciones no se percibe ningún cambio o consecuencia.
El abogado constitucionalista Jorge Chessal Palau ha destacado en diversas ocasiones que los responsables de regular la actividad comercial y los organizadores del evento podrían enfrentar consecuencias penales, civiles y administrativas por la tragedia. Argumenta que las autoridades no pueden excusarse alegando desconocimiento, ya que la responsabilidad es clara en este caso.
Sin embargo, lo que hasta hoy si sabe es que dos mujeres continúan en el Hospital Lomas y su estado de salud se reporta como grave.