Ocho dependencias del Poder Ejecutivo, así como el Congreso fueron observados por la Auditoría Superior del Estado por tratos con al menos 27 empresas que presentan diversas anomalías en su situación fiscal.
De esas instancias observadas, a seis se les detectaron operaciones por 78.6 millones de pesos en contratos de obras o adquisiciones de bienes y servicios.
Lo anterior se desprende de la revisión de los reportes finales de cuenta pública de 2018 de los tres poderes del estado.
Las observaciones se derivan de una medida establecida en la revisión del año pasado por parte de la ASE, en la que se verifica la situación de los proveedores de las dependencias a través de sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la auditoría a la Seduvop fue la dependencia con mayor monto observado, pues la ASE detectó anomalías en 6 contratistas, dos de los cuales no contestaron a las solicitudes de información y de los cuatro restantes no se encontraron en el domicilio fiscal reportado. Sus operaciones suman 36.2 millones de pesos.
Por motivos similares, la Junta Estatal de Caminos recibió la observación de que 4 contratistas, a los que otorgó contratos por 30.2 millones de pesos, no se ubicaban en los domicilios fiscales reportados en sus CFDI.
En el caso de la Comisión Estatal del Agua, las anomalías suman 12.5 millones de pesos.
En la Sedarh, en los Servicios de Salud y en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la ASE detectó proveedores de bienes de los que no se acreditaron sus domicilios fiscales reportados, aunque no acreditó montos de operaciones.
Por lo que respecta al Congreso, la ASE detectó a siete proveedores de servicios médicos que no se encontraron en los domicilios fiscales reportados.
En su respuesta, el Legislativo quiso deslindarse, aduciendo que no tenía la facultad de verificar el esos domicilios y que el Servicio de Administración Tributaria era la instancia con esa atribución.
Sin embargo, la ASE detectó que los lineamientos de comprobación de gastos, aprobados por la Junta de Coordinación Política, hacían responsable directo al Congreso de las observaciones, por lo que no dio por solventada la misma.
En todos los casos, la ASE emitió promociones de ejercicio de facultad de comprobación fiscal al SAT, para que revise la existencia de las 27 empresas irregulares.