El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) advirtió que los funcionarios responsables de los entes obligados que no entreguen la semana entrante la cuenta pública de 2023 podrían enfrentar sanciones penales por el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, ya que quebranta este precepto legal quien teniendo la obligación de presentar la Cuenta Pública, omite presentarla.
El órgano fiscalizador indicó que el próximo jueves 29 de febrero vence el plazo para que los entes obligados en San Luis Potosí entreguen su Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023 al Congreso del Estado, vía la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización.
Tanto el delito como las sanciones correspondientes están contenidos en el Código Penal del Estado, "que castiga con pena de hasta siete años de prisión, destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión para desempeñar otro cargo público y multa de hasta 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización".
El IFSE también señaló que es "sancionable la negativa de entregar información y los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, conforme lo dicta la Ley de Responsabilidades y las leyes penales aplicables".
La dependencia indicó que es la primera vez que se aplica esta fecha como límite para la entrega del requisito, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, así como de las reformas a la Constitución Política del Estado hechas en septiembre del año pasado.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; los municipios; las entidades y organismos de las administraciones públicas, paraestatal y paramunicipal; y demás entidades fiscalizadas que establezca el marco legal aplicable, se encuentran en este momento en cuenta regresiva para la entrega correspondiente, acotó la dependencia.