Por unanimidad, con siete votos a favor y cero en contra, la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen que deroga las disposiciones del Código Penal relacionadas con el uso indebido de la Inteligencia Artificial para provocar alarma social, conocidas públicamente como la "Ley Serrano". El documento será turnado al Pleno para su discusión y eventual votación en una sesión extraordinaria programada para el próximo jueves 30 de julio.
Con la aprobación del dictamen, las y los diputados respaldaron las cuatro iniciativas que proponían eliminar dichas reformas. Estas fueron promovidas por la organización Artículo 19 y periodistas potosinos; el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías; la diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres; y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, cuyas propuestas fueron integradas en un solo resolutivo.
La presidenta de la Comisión Primera de Justicia, Leticia Vázquez Hernández, explicó que, una vez publicado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria, deberán transcurrir 48 horas para que pueda ser sometido a consideración del Pleno. Precisó que la derogación comprende el artículo 187 Ter y el Capítulo V "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social", que incluye los artículos 272, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal, mientras que permanecen vigentes las disposiciones relacionadas con la difusión ilícita de imágenes de contenido íntimo.
La legisladora señaló que la eliminación de estos artículos no significa que el Congreso abandone el tema de la inteligencia artificial. Recordó que el propio dictamen establece que el Poder Legislativo mantendrá la facultad de construir un marco jurídico integral en la materia, sustentado en criterios de constitucionalidad y mediante un proceso de parlamento abierto.
Vázquez Hernández adelantó que, de concretarse la derogación en la sesión extraordinaria del jueves 30 de julio, a partir de septiembre podrían iniciar mesas de trabajo para escuchar a especialistas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector educativo y otros actores interesados.