Sin considerar el último trimestre del 2021, en dos años de la administración de José Ricardo Gallardo Cardona, se registran 30 quejas por desaparición forzada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), precisa que en el 2021 las familias de las personas desaparecidas interpusieron 21 inconformidades, sin embargo, no es posible identificar cuántas corresponden al sexenio anterior y al actual.
En tanto, el CNDHE elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informa que, en el 2022 el organismo recibió 14 quejas y en el 2023 fueron 16.
Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, afirmó en mayo del 2023 que a finales de ese año presentaría los resultados de dos informes especiales, uno sobre personas desaparecidas y otro vinculado con víctimas de derechos humanos.
Sin embargo, a un año y casi seis meses de tal aseveración se incumplió el compromiso para conocer la situación de ambos problemas en el estado.
El último estudio al respecto lo divulgó el 7 de diciembre del 2016, correspondiente al informe especial sobre la situación de los derechos humanos de acceso a la justicia, a la verdad y a la investigación efectiva en relación con personas desaparecidas o no localizadas en San Luis Potosí.
En el reporte, se reveló que derivado de 42 quejas recibidas entre junio de 2011 y el 18 de noviembre de 2016, se documentaron 51 personas desaparecidas, sobre todo, jóvenes de entre 16 y 29 años
De acuerdo con el artículo 82 en la fracción II de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en las medidas de no repetición, se debe incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos, o judiciales que correspondan.