Por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado desaprobó y desechó reformas a la Ley de Aguas del Estado cuyo objetivo era obligar a los fraccionadores o urbanizadores a formalizar el contrato de servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de los inmuebles al momento de su venta.
La iniciativa fue propuesta por el diputado Antonio Lorca Valle, la cual significaba una modificación al artículo 162 de la Ley de Aguas, estableciendo la obligación a los fraccionadores o urbanizadores de transferir el contrato de servicio de agua al comprador de cada predio al momento de su venta, notificando al organismo operador de agua o al ayuntamiento correspondiente.
Actualmente, en la ley sólo se establece la obligación de estos sujetos a contar con lo necesario para construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, Lorca Valle detalló en su exposición de motivos que, aún después de que las casas construidas se venden, los nuevos dueños no cuentan con el contrato con el organismo operador de agua o ayuntamientos, por lo que no se contemplan en el padrón de usuarios, generando irregularidades en los fraccionamientos.
El dictamen generó inconformidades con el sector inmobiliario, llegando a tener reuniones de trabajo de la Comisión de Agua y la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), generando el estancamiento de la iniciativa. Finalmente, este jueves fue subida al Pleno donde 17 diputados votaron en contra, sólo dos votaron a favor y uno votó en abstención.