Las comisiones de salud y derechos humanos en el Congreso del Estado iniciaron el análisis para dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la Ley de Salud Mental del Estado.
No prevé erogar recurso económico en la realización de consulta a personas con discapacidad.
Recientemente la SCJN revocó el decreto donde se adicionó el capítulo IV “De la Familia de los Usuarios” y el artículo 4 BIS al Título Primero de la citada ley.
Al respecto, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada presidenta de la comisión de salud, refirió que la sentencia será atendida por el Congreso del Estado en el plazo dispuesto en el ordenamiento, consistente en 180 días.
Expuso la diputada que, para evitar más gastos en otra consulta popular, conformará una comisión de expertos encargada de la elaboración y ejecución de la misma, en donde se establecerá una metodología.
Reconoció que el Poder Legislativo no cuenta con financiamiento suficiente para realizar otro ejercicio, por ello, se buscaron tales opciones.
Estimó que el plan de acción no solo beneficiará a esta administración, sino también a las subsecuentes legislaturas que deban realizar consultas a personas indígenas, con discapacidad u otro sector de la sociedad.