Abogados potosinos revelaron la existencia de un "cártel inmobiliario", una presunta red de corrupción integrada por abogados, trabajadores de juzgados, Ministerio Público y particulares, acusada de defraudar oficialmente a catorce personas.
Este viernes, por la mañana se contabilizaban 14 víctimas con carpeta de investigación y, más tarde, se sumó otro denunciante.
La juez de control y tribunal de juicio oral, Carolina Galicia Benítez, dictó vinculación a proceso contra Daniel N. y Arturo Gael N., señalados por las víctimas de extorsión, solicitar bienes en garantía y simular juicios de desocupación.
El caso, registrado bajo el número 3581/2025, fue detallado por los abogados Marco Antonio Barrera y Lorenzo Sánchez Andrade, quienes señalaron que Daniel N. habría ideado el fraude estudiando a las víctimas, ofreciéndoles viviendas y luego iniciando juicios falsos por supuesta falta de pago o desocupación, con la complicidad de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de juzgados.
Las víctimas comenzaron a conocerse al enfrentar procesos idénticos, hasta que un juez penal giró órdenes de aprehensión contra el imputado.
Se sospecha que la red incluía a trabajadores del Poder Judicial que filtraban copias de denuncias para intimidar a los afectados.
Los abogados advirtieron que esta es solo la primera etapa de la investigación y reconocieron el papel de la fiscal general, María Manuela García Cázares, para que las carpetas de investigación avanzaran en tiempo y forma.
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