Ya se encuentra en revisión en comisiones legislativas, la propuesta de eliminación de la fracción III del artículo 123 de la Ley de Aguas Nacionales, que criminaliza el uso de camiones cisterna para movilizar agua en zonas urbanas, en el entendido de que ellos únicamente prestan servicio en zonas donde se carece de acceso al líquido, informó Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).
El caso se encuentra en manos de la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos y Saneamiento de la Cámara de Diputados.
Recordó que esta medida de criminalización, que no está basada en aspectos probatorios de la materia penal, sino en una medida administrativa, está incriminando a personas que trasladen desde uno hasta 50 mil litros de agua, ocurrencia que representa no solo un abuso, sino una falta de respeto hacia los mexicanos.
Precisó que esta iniciativa causa tal nivel de daño que también afecta a quienes se dedican a la agricultura, la ganadería y toda la actividad rural, que finalmente es la que sostiene la suficiencia alimentaria del país.
Recordó que precisamente por la inequidad en el suministro de agua, hay personas que solo tienen el recurso de buscar el líquido apoyados de una pequeña cisterna, y además de batallar, encima se les criminaliza.
Agregó que tienen pendiente otra entrevista con diputados para ver qué curso se le va a dar a la iniciativa.
Los miembros de la Organización de transportistas consiguieron una reunión durante algunas manifestaciones anteriores, las que abrieron la puerta para la integración del expediente de petición para dar marcha atrás a la iniciativa que criminaliza a quienes buscan agua para sobrevivir o para sostener la economía.