Al corte del 5 de abril pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 61 quejas, la tercera parte de ellas, nada más en contra de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
Los principales hechos violatorios que los quejosos atribuyen a las instituciones públicas, incluyen detención arbitraria, acciones oficiales que derivan en lesiones acciones u omisiones contrarias a las que señala la ley por diferentes hechos, amenazas e intimidación de servidores públicos, ejercicio indebido de la función pública, el incumplimiento de los requisitos o formalidades para la emisión o ejecución de órdenes de cateo, incluso robos.
Para el caso de instituciones de seguridad en particular, las quejas versan sobre maltrato o tratos crueles durante el proceso de detención.
En el reporte de quejas, destaca la Dirección de Seguridad Pública del Estado con 22, la Dirección General de Métodos de Investigación (antes Policía Ministerial del Estado) con 11; la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de la capital con 9; la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles con siete; la Dirección de Policía y Tránsito de Matehuala con 7 y por último, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández con cinco, este último un municipio muy pequeño.
Las 61 quejas fueron radicadas en expedientes y ya se encuentran en proceso de investigación para la emisión de la posible recomendación del organismo público autónomo.
El proceso de investigación incluye los llamados a las partes para desahogar pruebas testimoniales, o en su caso periciales, y elaborar las conclusiones que derivarían en los resolutivos.