Habitantes de la comunidad indígena La Peña solicitaron la destitución de la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, así como una investigación y sanciones contra los funcionarios y elementos de seguridad que participaron en el desalojo del pasado 9 de junio.
Los pobladores sostuvieron que el operativo afectó a cerca de cien familias asentadas en el predio, versión que contrasta con la del Ayuntamiento, el cual afirma que la diligencia involucró únicamente a dos familias.
Las y los comuneros respondieron a la postura del gobierno municipal y reiteraron que La Peña es una comunidad indígena integrada por habitantes tének y nahuas con más de 30 años de posesión del terreno, en una superficie cercana a las 200 hectáreas.
Asimismo, rechazaron las declaraciones de la administración municipal, que sostiene que se trata de una colonia y que el litigio se limita a un predio de diez hectáreas ocupado por dos familias.
"Queremos cárcel para la señora Silvia Medina Burgaña, su secretaria, su síndica y el comandante Pedro M. Sánchez, Abraham Bautista y uno de la Fuerza Estatal Civil son los que participaron de lleno junto con los municipales también en golpearnos", expusieron.
Durante el encuentro con medios, los habitantes denunciaron que en el operativo participaron elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía de Investigación y policías municipales, quienes, según su versión, incurrieron en agresiones contra hombres, mujeres y menores de edad, además de destruir viviendas, cultivos y pertenencias. También exigieron la reparación integral del daño y aseguraron contar con evidencia que respaldan sus señalamientos. Además, informaron que acudirán a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la presidenta de la República.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tampamolón sostiene que el terreno fue donado legalmente al municipio mediante escritura pública y que el desalojo se realizó en cumplimiento de una resolución judicial derivada de un litigio que, de acuerdo con su versión, involucra únicamente a dos familias. La administración municipal también informó que, tras la promoción de un juicio de amparo por parte de una de las familias, el predio fue restituido de manera provisional el pasado 7 de julio.
El conflicto permanece en proceso judicial y serán los tribunales los que determinen la situación jurídica del predio. Mientras tanto, el Ayuntamiento y los habitantes de La Peña mantienen posturas encontradas sobre el alcance del desalojo, la posesión del terreno y las presuntas irregularidades denunciadas durante el operativo.