La abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso afirmó que su detención por parte de elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí refleja una creciente criminalización contra jóvenes y personas defensoras, luego de que fuera asegurada la tarde de este domingo cuando intervenía para conocer los motivos por los que un joven era detenido al salir de un retiro espiritual sobre avenida Universidad.
De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron cuando asistentes al retiro le solicitaron apoyo al observar que policías municipales intentaban llevarse a un joven que portaba una mochila negra. García Valdivieso señaló que al llegar pidió a los agentes explicar las razones de la detención y revisar el contenido de la mochila antes de trasladarlo. Aseguró que el joven se encontraba visiblemente asustado y que varias personas presentes solicitaron a los oficiales que dejaran de jalonearlo.
¿Cómo ocurrió la detención de Celia García Valdivieso?
La defensora sostuvo que, mientras cuestionaba la actuación policial e informaba que brindaría asistencia jurídica al joven, llegaron más patrullas al lugar. Según su versión, posteriormente fue tomada del cuello, subida a una patrulla y notificada de que quedaba detenida. También denunció que le retiraron su teléfono celular por la fuerza. Añadió que, tras revisar la mochila, los agentes únicamente encontraron una Biblia y un rosario.
García Valdivieso consideró que lo ocurrido forma parte de un patrón de actuaciones policiales dirigidas contra jóvenes, particularmente aquellos que son señalados por su apariencia. Señaló que existen casos en los que las detenciones derivan en acusaciones por delitos que presuntamente no fueron cometidos y advirtió que muchas familias enfrentan procesos costosos para demostrar la inocencia de sus familiares.
La abogada advirtió que las detenciones ilegales representan uno de los mayores riesgos para la población, debido a que pueden derivar en desapariciones, imputaciones indebidas o procesos penales prolongados. Además, sostuvo que la criminalización ya no se limita a jóvenes, periodistas o activistas, sino que también alcanza a personas que intervienen en la defensa de derechos humanos y en el acompañamiento legal de ciudadanos frente a actuaciones de la autoridad.