La tarde del viernes 17 de octubre, dentro de la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se desarrollaron los hechos que hoy mantienen detenido a Santiago "N", exalumno acusado de violación específica agravada, y que provocaron una crisis institucional y social sin precedentes en los últimos tiempos.
De acuerdo con la denuncia presentada el 18 de octubre, la estudiante afectada acudió ese día a las instalaciones para reunirse con un grupo de jóvenes vinculados a la OPU (Organización Plural Universitaria).
Durante la convivencia, uno de los asistentes le ofreció una bebida que —de acuerdo con su testimonio— tenía un sabor inusual. Minutos después, comenzó a sentirse mareada, con pérdida de equilibrio y confusión, momento en que los jóvenes habrían aprovechado para cometer el delito.
En ese momento, el coordinador de la carrera de Derecho entró a la oficina y encontró a la víctima visiblemente afectada , lo que permitió que las autoridades académicas conocieran del hecho la misma tarde del viernes.
Sin embargo, la denuncia detalla que no se activó ningún protocolo institucional de atención inmediata, y que incluso se buscó que la afectada firmara documentos internos para "aclarar la situación" antes de formalizar la denuncia ante la autoridad ministerial.
Esa omisión agravó la tensión dentro de la universidad y provocó que, al día siguiente, la joven —acompañada de su madre— acudiera a la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para presentar formalmente la denuncia.
La carpeta de investigación incluye dictamenes que confirman que la víctima se encontraba en un estado de indefensión.
Tras conocerse el caso, la comunidad estudiantil se movilizó en protesta durante dos días consecutivos. Las manifestaciones —inéditas en magnitud— bloquearon avenidas y tomaron el edificio central universitario, exigiendo justicia y transparencia.
El rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció públicamente que hubo una respuesta tardía y deficiente, por lo que aceptó la renuncia del director Germán Pedrosa, destituyó a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y expulsó a dos alumnos vinculados al caso.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por María Manuela García Cázares, confirmó este miércoles la detención de Santiago "N" por el delito de violación específica agravada, que contempla penas de 8 a 20 años de prisión.
También informó que los otros dos presuntos implicados ya fueron identificados y serán buscados para presentarse ante el juez.
La audiencia inicial se celebrará en el Centro Integral de Justicia Penal de La Pila, donde el acusado escuchará la imputación formal.
La autoridad ministerial subrayó que el proceso se mantiene bajo reserva legal y que toda persona señalada conserva su presunción de inocencia hasta que exista resolución judicial definitiva .