La Fiscalía General del Estado informó que, mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión, este viernes se efectuó la detención del ex secretario de Seguridad Pública estatal de la pasada administración, Jaime Pineda Arteaga.
Indicó la dependencia que la aprehensión se efectuó por la probable comisión de los delitos de “ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas, y uso ilícito de las atribuciones y facultades”.
Al señalado se le hizo efectivo el mandamiento judicial en una colonia de la zona poniente de la ciudad Capital, durante la tarde noche de este viernes 11 de febrero.
El ex funcionario será llevado ante un Juez de Control una vez que esa autoridad fije fecha para la audiencia inicial, en donde se le imputarán los delitos referidos.
Indicó la FGE que, con la cumplimentación de esta orden de aprehensión, reafirma su compromiso de atender a todas las denuncias interpuestas por probables hechos de corrupción en cualquier nivel de gobierno.
Lo anterior, siempre y cuando se determine que hay datos de prueba conforme lo marca la legislación penal.
Irregularidades en
compra de cámaras
de video vigilancia
El 24 de octubre de 2021, esta casa editorial publicó un reportaje donde se revelaba que el gobierno de Juan Manuel Carreras López pagó 336.1 millones de pesos por un sistema de videovigilancia cuyos contratos de servicio integral de telecomunicaciones y equipamiento vencieron el 22 de septiembre, cuatro días antes de que terminara el sexenio. De ocho contratos, cinco fueron otorgados a una sola empresa, SYM Servicios Integrales SA de CV. Una más, 5 Star System SA de CV, sólo dos se licitaron, tres en concursos restringidos y el restante fue adjudicación directa. Uno de los contratos con un costo de 118.9 mdp duró apenas 5 meses y 7 días
Al inicio de su administración, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseveró que el proyecto de videovigilancia estaba siendo investigado debido a que se presumía que las cámaras y otros componentes habían sido pagados con un sobreprecio del 50 por ciento.
Sin embargo, aseveró que ese costo era diez o 15 veces superior, hasta llegar a los dos mil millones de pesos.