A las comisiones de Puntos Constitucionales y la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral fue turnada una iniciativa que quienes busquen ser candidatos a cualquier puesto de elección popular, no sean deudores alimentarios por sentencia ejecutoriada.
La propuesta se sustenta en la tesis de que los representantes populares deben respetar los derechos humanos desde antes de ser candidatos.
La iniciativa expone que, si una persona incumple con su obligación de proporcionar alimentos, estará atentando en contra de disposiciones constitucionales, además de atentar contra los valores morales y de buenas costumbres, en perjuicio de su acreedor alimentario.
“Lo anterior se traduce, por criterios del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, que no tienen un modo honesto de vivir, pues dichos actos son contrarios a derechos humanos en materia del interés superior de los menores”, se informó en un comunicado oficial del Congreso del Estado.
“No hay duda que, si una persona incumple con su obligación de proporcionar alimentos, es garantía de que no podrá cumplir con pulcritud actos en beneficio de los potosinos.
“Este tema tiene que ser sensible para San Luis Potosí, pues otras entidades federativas lo han dado a notar e incluso el propio Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos para que los partidos políticos “prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”, se informó.