El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), ha generado burocratismo y un largo peregrinar de los transportistas para la devolución de camiones robados, denunció Raúl Torres Mendoza, vocero de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).
“Nos hemos encontrado con agentes de Ministerio Público corruptos, que a veces piden hasta 50 mil pesos para poder entregar un tractocamión, y que no me digan que no porque así son las cosas”.
Explicó que aparte, los transportistas deben costear los gastos de la pensión y las grúas.
Informó que los agentes de Ministerio Público alargan la entrega de los vehículos con cualquier pretexto, por ejemplo que no hay peritos que vayan a verificar un número de serie.
“Eso lo hemos vivido los transportistas por muchos años, en un escenario donde lamentablemente tienen que pagar de 30 mil a 40 mil pesos para que les liberen un camión”.
Dijo que el otro problema que se tiene es con operadores de grúas, que también en ocasiones cobran cantidades que van de 30 mil a 40 mil pesos.
“Piensan que a los transportistas nos sobra el dinero, cuando en realidad estamos cumpliendo con nuestras obligaciones también”.