Aunque no se ha corroborado una relación directa que establezca que la concentración de la atención médica para la pandemia del coronavirus desatendió y retrasó otros servicios, lo cierto es que actualmente hay cientos de personas en San Luis Potosí con discapacidad causada por una amputación.
Desde que se registró el primer deceso provocado por Covid-19, a finales de marzo del 2020 y hasta el tercer trimestre del 2022, la población de San Luis Potosí no solo se enfrentó a tal pandemia, sino a otras complicaciones o afecciones que provocaron amputaciones en mil 356 personas.
Una investigación de Editora Mival, a través de solicitudes de información al Sector Salud estatal y federal, reveló que, del total de pacientes amputados, 772 correspondieron a hombres y 584 a mujeres entre el 26 de marzo de 2020 y el 28 de septiembre del 2022.
En hospitales adscritos a los Servicios de Salud del Estado se registró la mayoría de los procedimientos con 571, sobre todo en el Hospital General de Valles. Le siguió el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” con 323.
En el tercer lugar se posicionó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 296 amputaciones, después el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 162, y el Hospital Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con cuatro.
VACÍO Y DUELO
Como sucede con otros padecimientos, este tipo de intervenciones se concentró en población adulta mayor, ya que, si bien el promedio de edad en cada institución varió, se agrupó en más de 60 años.
Ello lo advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues señala que, si bien casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento.
Así, en el ISSSTE el promedio de edad de los pacientes intervenidos fue de 68.7 años; 60.3 en el IMSS; 63.4 en los Servicios de Salud; 75.5 en la Sedena; y en el Hospital Central los datos de edad estaban incompletos, por lo cual, se estableció con las cifras disponibles arrojando 42.3 años.
Dos extremidades fueron las que más se amputaron en los pacientes. Por una parte, se realizó el corte de 305 dedos de pie, 124 en el Hospital Central, 93 en los Servicios de Salud y 88 en el ISSSTE.
A su vez, 285 amputaciones de alguna de las dos piernas por encima de la rodilla, 116 en el Hospital Central, 113 en los Servicios de Salud y 56 en el ISSSTE.
Con menos de 100 aparecen otras extremidades: 50 de pie y 37 de mano, todas en los Servicios de Salud; y 54 no especificada, 32 en el Hospital Central, nueve en el ISSSTE, nueve en los Servicios de Salud y 4 en la Sedena.
En tanto, por debajo de los 50 casos, se registraron 19 a través del pie, nueve en el Hospital Central, cuatro en el ISSSTE y seis en los Servicios de Salud; 21 dedos de la mano, todos en el Hospital Central; ocho por debajo de la rodilla, uno los Servicios de Salud y siete en el ISSSTE; cinco a través de humero en el Hospital Central, y el resto corresponden a otras secciones de las extremidades.
No se exponen datos del IMSS, porque en la solicitud de información solo difundió el total de procedimientos, mas no cuál extremi-
dad seccionó.
CERCA DE LA MUERTE
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte entre la población potosina, al menos entre enero y junio del año pasado.
Justo ese padecimiento fue el causante de la mayoría de las mutilaciones, pues derivado de cuadros agravados como pie diabético, 788 de las personas se vieron obligadas a someterse a la pérdida de una extremidad o parte de ella.
Es decir, el 58.11 por ciento del total distribuido de forma descendente de la siguiente manera: 348 en los Servicios de Salud; 190 en el Hospital Central; 155 en el IMSS; y 95 en el ISSSTE.
TODO EN CONTRA
El Banco Mundial advierte “las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos, como menos educación, peores resultados de salud, niveles más bajos de empleo y mayores tasas de pobreza”.
Complementa que también puede aumentar el riesgo de pobreza por la “falta de oportunidades de empleo y educación, los salarios más bajos y el mayor costo de vida que supone vivir con una discapacidad”.
De ahí que muchos de quienes ahora viven sin una extremidad, se ven obligados a buscar la forma de obtener autonomía, sobre todo movilidad, a través de andaderas, muletas y otros dispositivos ortopédicos.
Una prótesis es lo ideal en la búsqueda por alcanzar cierta normalidad y principalmente mayor calidad de vida, sin embargo, los precios resultan pocos accesibles al momento de consultar los costos.
Por ejemplo, el sitio Ortopedia Verástegui, especializado en prótesis de pierna, presenta varias ofertas que van de 29 mil a 135 mil pesos, cuyos valores varían si se trata de biónica, robótica, hidráulica o de otro tipo.
En entrevista, Catalina Torres Cuevas, secretaria general de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, dijo que el gobierno debe proporcionar lo que requieran las personas con discapacidad para poder ejercer sus derechos, sean estos apoyos del tipo que sean, de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esto significa considerar desde una prótesis para que las personas puedan seguir trabajando, o intérpretes de lengua de señas en donde se requieran, adecuación de procedimientos judiciales, transporte accesible, una rampa en un edificio, ajuste de programas y planes de estudio.
“El problema es que el gobierno se queda chiquito y sólo ofrece lo que tradicionalmente se ofrecería como caridad: una silla de ruedas barata, una despensa, una cobija, etcétera”, criticó.
Puntualizó además que las personas con discapacidad, ya sean quienes la tienen desde nacimiento o las que la adquieren durante su vida, por ejemplo, a causa de una amputación, no tienen mucho conocimiento de que pueden exigir los apoyos que necesitan, porque tradicionalmente no se ha tenido, ni existen los procesos para hacerlos exigibles.