Con la llegada de la planta de autos eléctricos de la armadora alemana BMW a territorio potosino, San Luis Potosí podría generar hasta 23 mil empleos directos durante 2023, aseguró en entrevista exclusiva con Pulso, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien incluso enfatizó que, en tres años, la entidad potosina no tendría la capacidad de mano de obra suficiente para poder seguir atrayendo inversión al estado.
El mandatario estatal agregó que la llegada de la empresa automotriz, traerá consigo de 20 a 30 empresas satélite, las cuales se instalarían para poder darle servicio a esta nueva planta. Una de las empresas, detalló el mandatario sería una que fabricaría las baterías de litio para los autos eléctricos: “en números globales de todas las empresas, nos da como resultado lo doble de inversión de General Motors, nos da como resultado casi tres veces de la inversión de BMW de motores de gasolina”.
En lo que respecta a la posibilidad de sanear el adeudo con la Dirección General de Pensiones que ya rebasa los 3 millones de pesos, no fue tan optimista el mandatario estatal, pues manifestó que intentarán solventarlo, pero reconoció que es un tema tan complejo que no se puede resolver en una sola administración: “van a pasar cinco o seis administraciones para intentar sanearlo, el adeudo de pensiones es histórico, es de los últimos 30 años”.
Gallardo Cardona calificó el tema de pensiones como el “monstruo de las mil cabezas”, del cual se deslindó señalando que cuando él tomó la gestión estatal ya colapsado: “fue lo primero que nosotros observamos, si no ni siquiera se hubiera también destapado la cloaca de Pensiones, sino la empezamos a destapar nosotros con la primera auditoría que se hace en la historia de Pensiones, la hizo el gobierno de nosotros”.
Con respecto a la recuperación del monto millonario que durante su toma de protesta en la Plaza de Fundadores aseguró se malversó durante la pasada gestión estatal, el gobernador estatal afirmó que las denuncias no se han paralizado, no se ha frenado el impulso que comenzó con la ya sentenciada exsecretaria de Salud, Mónica Rangel o Jaime Pineda, exsecretario de Seguridad.
Sobre este último informó que en breve podría regresar el monto que se le reclama y recuperar su libertad, en este sentido, Gallardo Cardona indicó que no busca meter a las y los exfuncionarios a la prisión, que su motivación es recuperar el recurso económico que se reclama.
Consideró que la Fiscalía General del Estado ha actuado en algunos casos con lentitud, pero en otros les ha regresado los expedientes por la falta de elementos para concretar las denuncias, con la finalidad de que puedan continuar los procesos penales que su administración denuncia por posible daño al erario.