Dos diferentes grupos de la comunidad otomí de San Luis Potosí se manifestaron ayer en la Unidad Administrativa Municipal (UAM), por un desacuerdo respecto a quién debe representar al pueblo en la Unidad Especializada de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento, para lo que resta de la administración 2021 - 2024.
El primer grupo, representado por Érika Juan Narciso, informó que en asamblea general celebrada el 9 de enero de 2023 se le ratificó a ella como representante otomí para lo que resta del actual gobierno municipal.
En tanto que el grupo contrario señaló que dicha asamblea fue ilegal y contraviene el acuerdo del 21 de noviembre de 2021, avalado por el Cabildo de la capital, en el que se acordó que habría un representante diferente para cada año.
Según ese acuerdo previo, Érika Juan Narciso finalizaría su periodo de representación el 31 de diciembre de 2022 y sería suplida por Adriana Elizabeth Ibarra Cervantes, quien se desempeñaría en la representación hasta el 31 de diciembre de 2023, seguida de Esteban González Macario para el periodo 2024.
El segundo grupo acusó a Érika Juan Narciso de diversas irregularidades y de no haber trabajado por el pueblo otomí, además de no entregar los apoyos sociales proporcionados por el Ayuntamiento.
A su vez, el grupo de Érika Juan Narciso se defendió señalando que se ha hecho un mal uso de los apoyos por parte de un tercero en discordia, Melquiades Macario Pérez, quien ha “atacado” de diversas formas a la representación de Érika Juan Narciso.
Ambos grupos presentaron sus inconformidades mediante oficio al Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, a la espera de que exista una solución al conflicto de representaciones.