Durante 2021, los jueces potosinos conocieron 33 mil 456 causas penales presentadas por diversos delitos, de las cuales, sólo en 63 casos hubo sentencia condenatoria para los responsables revelaron cifras del Censo Nacional de la Impartición de Justicia Penal Estatal 2022, dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (SNSP).
Con un presupuesto de mil 321.5 millones de pesos para ese año, cada sentencia condenatoria requirió una inversión de 20.9 millones de pesos.
Si se cruza la estadística del censo judicial con el dato sobre delitos registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021, que fueron 51 mil 070, la proporción de sentenciados con respecto a los crímenes registrados en la entidad es de apenas 0.12 por ciento.
El censo judicial, que registra la actividad de los poderes judiciales de las entidades federativas, prefigura en el caos potosino un embudo por el que entran miles de denuncias, pero arroja un mínimo de sentenciados.
De entrada, hay discrepancias entre los delitos registrados por el SNSP y las causas penales que llegaron a los juzgados. Estas fueron 33 mil 456, según el Inegi, que representan el 65 por ciento de los delitos denunciados. Es decir, 35% no llega a los jueces.
El censo revela un marcado atraso en los juzgados del Poder Judicial del Estado, pues sólo 12 mil 854 casos se concluyeron, quedando pendiente el 64% de las causas penales abiertas.
A partir de aquí, las cifras de la justicia se reducen aún más, pues también es minoritario el número de procesados e imputados en las denuncias cuyos procesos se concluyeron: mil 463.
De ellos, apenas salieron 90 personas vinculadas a proceso, de las cuales 63 de ellos enfrentaron penas condenatorias.
En el camino, quedaron sin culpables 33 mil 393 delitos denunciados en la entidad.