Empresas fantasma, trampa compartida

Ex diputados y alcaldías utilizan compañías de existencia dudosa para comprobar gastos: C.O.

Empresas que los ex diputados locales usaron y fueron denunciadas en forma conjunta con las querellas penales contra esos legisladores, extrañamente también aparecen facturando en diversos ayuntamientos, situación que habla de una red de corrupción, anunció el presidente de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias. 

En entrevista, González Covarrubias explicó que la organización civil está presionando para ver qué resultados hay, puesto que aún se encuentra pendiente en el caso de la Auditoría Superior del Estado la denuncia formulada en la que hay datos de empresas que obran en las denuncias penales contra diputados, que también facturaron a varias alcaldías a principios y mediados de 2018.

El entrevistado dijo que la red de empresas fantasma utilizadas por diputados de la pasada Legislatura, fue extendida a doce presidencias municipales durante 2018, entre las que se encuentran las de San Luis Potosí capital, Ahualulco, Mexquitic, Tampamolón Corona, Tanquián, Guadalcázar, Moctezuma, Cerritos, Rayón, Ciudad Fernández, Santo Domingo y Villa Hidalgo.

Entre otras, mencionó a Sistema Comercial 377, utilizada por la diputada Dulcelina Sánchez y por los ayuntamientos de San Luis Potosí, Ahualulco, Tampamolón Corona y Tanquián de Escobedo. Incluso esta empresa aparece en la lista negra del SAT y se encuentra bajo investigación.

El entrevistado dijo que una inexistente empresa de nombre Comercializadora Rivgar fue recurrentemente utilizada por la diputada Dulcelina Sánchez, así como Interapas, luego aparece en los ayuntamientos de Ahualulco, Moctezuma y Guadalcázar.

Por otra parte refirió que la empresa fantasma Comercializadora Paraná SA de CV fue utilizada en 2017 por la diputada Josefina Salazar y por los ayuntamientos de Mexquitic y Ahualulco en el año 2018.

González Covarrubias observó que una empresa fantasma de nombre Servicios Integrales Clars facturó fuertes cantidades a los diputados Martha Orta, Héctor Meraz, Sergio Desfassiux y Jorge Díaz Salinas, así como al ayuntamiento de Cerritos.