El presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, externó preocupación por el avance de las investigaciones que promovió la Alcaldía en presunción de actos de corrupción de la administración gallardista, tras la renuncia del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola.
Por su parte, el ex presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, advirtió que el ex fiscal anticorrupción adeuda una explicación a los potosinos de lo actuado y lo que se dejó de actuar, puesto que hay una fiscalía paralizada y que no presenta los resultados que ya estamos viendo en otras entidades federativas, advirtió.
Xavier Nava Palacios consideró indispensable que se fortalezcan todas las instituciones que tienen como objetivo el combate a actos fuera de la norma, como es el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que se dijo confiado de que a la brevedad se nombre a un titular en la instancia.
Recalcó la necesidad de que quien asuma el cargo, le dé seguimiento inmediato a todas las denuncias que se han interpuesto por actos de corrupción. Sobre las once denuncias que el Gobierno Municipal ha interpuesto en contra de la pasada administración, se dijo esperanzado de que estos cambios en la Fiscalía Anticorrupción, no retrasen las investigaciones. “Estamos esperanzados en que estas investigaciones no se queden volando, hubo afectaciones enormes al patrimonio de los potosinos, por lo que debería actuarse en consecuencia y esperemos que así sea con quien llegue a ocupar ese espacio”.
El abogado barrista José Mario de la Garza Marroquín explicó que la falta de presupuesto no debe ser pretexto, y sobre todo cuando hay muchas denuncias presentadas y perfectamente bien fundamentadas de diversas instancias que por alguna causa no explicada no proceden, o sufren la lentitud de los procesos de investigación de la propia fiscalía.
Aseguró que lo que falla no es la insuficiencia de dinero, sino la falta de voluntad y la ausencia de una agenda de trabajo que pudiera dar cuenta directamente del avance en los procesos de investigación y de qué manera serán procesados los datos para llegar a las verdades en cada caso de corrupción.
Explicó que lo que falta es una estructura para determinar cuál será la política pública de combate a la corrupción y no sólo eso, sino que el Ministerio Público actúe en cuanto le llega una denuncia, puesto que incluso tiene más facilidades cuando está perfectamente fundamentada y sustentada.
Explicó que San Luis Potosí tiene un problema todavía mayor, puesto que a esa condición de inactividad de la Fiscalía se le suma una grave falta de denuncias y muchos asuntos ni siquiera llegan a la Fiscalía, a pesar de que ahí se encuentran y existen actos de corrupción visibles.
Dijo esperar que el nuevo fiscal designado entienda el hartazgo de los potosinos sobre actos de corrupción.