El presidente del Consejo Hídrico Estatal e investigador del Colegio de San Luis, Jonathan Abraham Quintero García, afirmó que la crisis hídrica que enfrenta la zona metropolitana de San Luis Potosí no puede explicarse únicamente por la escasez o las sequías, sino que responde a un problema estructural sostenido por “barreras invisibles” relacionadas con desigualdad, acaparamiento privado, deficiencias institucionales y modelos urbanos insostenibles.
En rueda de prensa, el investigador señaló que el discurso público ha simplificado la problemática al cambio climático o al “mal uso” del recurso por parte de la población, mientras se omiten las causas de fondo.
Quintero García destacó que más del 90 por ciento de los pozos registrados en la zona metropolitana están bajo control privado, mientras que el organismo operador depende únicamente del 9 por ciento restante para abastecer a la población.
Añadió que dichos pozos privados carecen de monitoreo y seguimiento; se desconoce cuánta agua extraen, su calidad o destino, y parte de ellos presenta desvíos de uso, principalmente pozos registrados como agrícolas en plena mancha urbana, cuando en realidad operan para fines comerciales e industriales.
Además, los recientes estudios como “Barreras sociológicas para la gestión sustentable del agua en el Valle Potosino”, estiman la existencia de 300 a 350 pozos clandestinos, utilizados para alimentar el mercado privado e irregular del agua, sin controles de calidad ni límites de extracción.
El presidente del Consejo Hídrico señaló que la crisis se expresa como una escasez diferenciada: zonas del norte, sur y oriente padecen tandeos irregulares y abasto insuficiente, mientras sectores residenciales del poniente, así como zonas industriales y comerciales, no enfrentan escasez incluso en temporadas de sequía.
Esta desigual distribución, afirmó, “condiciona la calidad de vida, la salud y la seguridad de miles de familias”, que con frecuencia deben recurrir al mercado privado pagando costos elevados por un recurso que debería ser garantizado como bien común. Asimismo, identificó una falta de coordinación entre Conagua, la CEA e Interapas, cuyos esfuerzos operan en líneas separadas, lo que debilita la gestión del recurso.