Este jueves, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley de Aguas del Estado para facultar a la Comisión Estatal del Agua (CEA) en la expedición de permisos para operar pipas, así como para la conformación de un padrón de particulares que ofrecen el servicio e incluso la posibilidad de aplicar sanciones por prácticas que perjudiquen a la ciudadanía.
La discusión del dictamen, aprobado de manera previa en la comisión legislativa de Agua Potable, generó opiniones contrarias en torno a si se debía dar atribuciones a la CEA que en principio pertenecen a los municipios.
Incluso, diputadas como María Isabel González Tovar, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtieron que se estaría entregando una oportunidad de negocio a un funcionario "de dudosa reputación", en referencia al actual director de la Comisión Estatal del Agua.
La iniciativa, presentada en febrero por el diputado panista José Antonio Zapata Meraz, obtuvo 15 votos a favor, cuatro en abstenciones y seis en contra.
Con ello, la CEA se encargará de extender permisos de operación a piperos; crear un padrón de éstos; revisar que las unidades motoras cumplan con estándares de limpieza y mantenimiento; fijar las tarifas mínimas y máximas de cobro a la ciudadanía; determinar las fuentes adecuadas de abastecimiento de las pipas, y aplicar sanciones entre mil y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quienes incumplan con alguna de las nuevas disposiciones.
Las modificaciones a la Ley de Aguas aplicarán a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.