El síndico de la capital, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, declinó hacer comentario alguno sobre la posibilidad de que se le finque un juicio político al alcalde Enrique Galindo Ceballos por dejar de prestar servicios no esenciales en una demarcación que ya no forma parte del municipio de la capital.
También reiteró la disponibilidad de la administración al diálogo con el Congreso del Estado para aclarar la entrega y recepción de esa demarcación.
Apuntó, sin embargo, que "basta con revisar las leyes federales y las locales para saber que un decreto no puede estar por encima de éstas y menos de la Constitución".
Lo anterior, respecto a que el Ayuntamiento capitalino puede prestar servicios, tener autoridad y realizar actos de autoridad en el territorio de San Luis Potosí, pero que al crearse un municipio nuevo, este mismo Ayuntamiento queda automáticamente y legalmente impedido de prestar servicios y de ser o ejercer la autoridad en el nuevo territorio.
Reiteró que como un acto de responsabilidad, se están prestando servicios esenciales y se prestarán hasta el 1 de octubre, pero que hay otros servicios que legalmente no se pueden prestar porque se incurriría en un desvío de recursos, además de que a la fecha no existe autoridad en Villa de Pozos con la que se pueda convenir dicha prestación de servicios.
Del tema de juicio político contra el alcalde Enrique Galindo, el síndico sólo mencionó: "No sabemos las causales, no sabemos los actores, no sabemos si lo va a haber o no. No hay comentarios al respecto".
Finalmente, del delegado de Pozos y otros funcionarios de la administración, precisó que en cuanto el Decreto del Congreso entró en vigor, ellos dejaron de serlo, pero permanecen como parte de la plantilla laboral del Ayuntamiento de la capital.