La corrupción y las decisiones políticas en las tarifas de los servicios de agua potable tienen el potencial de encarecer y hacer cada vez más inaccesible este recurso para las poblaciones más vulnerables, advierten la Red de Agua UNAM y el Consejo Consultivo del Agua, A.C.
En un año que el Comité Nacional de Grandes Presas ya advirtió como problemático por la particular escasez de lluvias, la presión sobre los organismos operadores de agua potable será mayor por los gastos extras para paliar el desabasto.
El reporte más reciente del Comité Nacional de Grandes Presas señaló que del 1 de octubre del año pasado al 7 de marzo de 2021, se registró 12.7% menos lluvia que el promedio para el mismo lapso. La zona más afectada por la sequía es el noroeste del país. El monitoreo de Conagua marcaba ayer que la presa San José se encuentra al 65% de su capacidad, mientras El Potosino marcaba 30% del llenado, 23% la de Cañada del Lobo y El Peaje a sólo un 9%.
El Consejo Consultivo del Agua A.C., en su Diagnóstico del Agua, destaca que “las tarifas de servicio público son fijadas políticamente por los congresos y, con frecuencia, no son suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores, además de que algunos se manipulan con fines político-clientelares”.
Constitucionalmente, los municipios tienen las facultades de ofrecer el servicio público de agua y de tratar las aguas residuales, pero la Federación ha descuidado responsabilidades de regulación sobre los organismos operadores municipales y la regulación está a cargo de los gobiernos estatales.
Red del Agua UNAM, por su parte, en su diagnóstico sobre Corrupción en los Servicios de Agua Potable en México, estima que entre el 21 y 30 por ciento de los recursos destinados al subsector se pierden por actos de corrupción, lo que implica pérdidas de entre 7.3 mil y 104 mil millones de pesos anuales.
Jorge Arriaga, coordinador de Red de Agua UNAM, expone que la corrupción en los servicios de agua potable en México afecta al subsector en su conjunto al reducir su eficiencia, sustentabilidad y la confianza de los usuarios en sus organismos operadores. hacer de este recurso algo inaccesible e incosteable, con efectos negativos desproporcionalmente amplios para las poblaciones más vulnerables.